Los gobiernos autonómicos socialistas acuerdan recurrir la Ley de Calidad

Los consejeros de Educación de las seis comunidades gobernadas por el PSOE - Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura- anunciaron ayer en Sevilla su decisión de solicitar a sus respectivos gobiernos que recurran la Ley de Calidad (LOCE) ante el Tribunal Constitucional. Consideran que varios artículos de la ley vulneran las competencias autonómicas en materia educativa y plantean "cuestiones que pueden mermar el derecho a una educación de calidad en igualdad".

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, explicó que se habían detectado 15 puntos del articulado de la LOCE "susceptibles" de ser recurridos ante el Constitucional y se refirió expresamente al artículo 72 -programación de puestos escolares- y a los 96, 97 y 98, referentes a la evaluación del sistema educativo, aspectos que, en opinión de los consejeros socialistas, "suponen una invasión en las competencias de las comunidades autónomas".

La educación infantil es uno de los aspectos que toca la ley con el que no están de acuerdo, porque es una etapa no obligatoria y como tal, explican, el Gobierno no puede imponer sus criterios.

Asimismo, denunciaron que, pese a que la Ley de Calidad está en vigor desde el pasado 13 de enero, esta norma sigue sin contar con una memoria económica, "ni tan siquiera con una partida presupuestaria para su aplicación", afirmó la titular andaluza. Martínez emplazó al Gobierno central a que asuma "el alto coste" que supondrá su aplicación.

Los consejeros criticaron la "dejadez" de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, por no haber convocado en su día la Conferencia Sectorial de Educación -órgano en el que están representadas las comunidades- para presentarles la ley y debatir sobre su desarrollo. Este último aspecto fue objeto de crítica ya que, según apuntó Martínez, "la ley deja cuestiones básicas pendientes del posterior desarrollo de reglamentos, con la incertidumbre que ello genera". Entre estas cuestiones resaltó la regulación de las pruebas de acceso a la FP o la Prueba General de Bachillerato (PGB). Los seis consejeros aseguraron que en sus respectivas comunidades se consensuará el desarrollo de la Ley con todos los sectores de la comunidad educativa.

También decidieron "obligar" a la ministra de Educación a convocar la Conferencia Sectorial, ya que el reglamento establece que ésta debe reunirse si lo solicitan seis comunidades.