Chávez amenaza con intervenir bancos y medios de comunicación

La oposición venezolana realiza esfuerzos por retomar la ofensiva tras una semana oscura en la que ha encajado dos duros golpes jurídicos y ha debido replegarse de las calles para dar paso a una multitudinaria respuesta del Gobierno en Caracas, al tiempo que crecen los temores por el poder discrecional que adquirirá el Ejecutivo con la aplicación del control de cambio, a partir del próximo miércoles. En un discurso, el presidente Hugo Chávez anunció que el Gobierno está en ofensiva total contra todos los enemigos de la revolución, aunque se concentró en dos focos específicos: los bancos y los medios de comunicación.

Chávez, en el día 53 de la huelga general, ofreció un discurso propio de quien se siente victorioso. "Hemos cumplido con éxito la defensa de nuestra industria petrolera y del país en general ante las acciones golpistas y fascistas", dijo, "ahora vamos a pasar a la ofensiva. ¡A la carga!". Los ámbitos de esa ofensiva fueron delineados en la alocución, transmitida obligatoriamente por la red privada de radio y televisión. Uno de esos aspectos queda definida en la depuración en la compañía PDVSA. En la empresa estatal Petróleos de Venezuela ya se han producido más de 2.000 despidos y la limpieza continuará.

Otro campo de acción son los medios de comunicación. Ya se han abierto investigaciones a las televisiones RCTV y Globovisión. Chávez anunció que se tomarán medidas similares contra los otros dos canales nacionales comerciales: Venevisión y Televén. Las averiguaciones, que apenas se han iniciado, las lleva a cabo la Comisión Nacional de Telecomunicación y podrían concluir con multas o cierres temporales. Paralelamente, la fracción oficialista en la Asamblea Nacional introdujo el proyecto de Ley de Responsabilidad Social de los Medios Radioeléctricos, llamada Ley de Contenidos, que tiene de antemano el repudio de los empresarios de la comunicación por considerarla violatoria de la libertad de expresión.

Chávez también adelantó posibles medidas contra bancos que han participado en la huelga mediante la adopción de un horario restringido de atención al público. Advirtió que podrían ser intervenidos. "El Gobierno podría designar la directiva de los bancos, aunque estos fueran privados. Pues si hay banqueros que no abren las puertas, hay mucha gente que quiere trabajar en un banco. Si lo hicimos en PDVSA, ahora con más razón lo haremos en uno o dos bancos", dijo el jefe de Estado. Pero no descuidó otros elementos. "A los estudiantes, hay que apurar la constituyente universitaria para cambiar autoridades. Y los colegios privados que no quieran abrir, pues les quitamos los subsidios para abrir más escuelas nosotros".

Baño de popularidad

Eufórico por el nuevo baño de popularidad, el presidente le dio total respaldo a las acciones del general Luis Acosta Carles para decomisar y poner a la venta productos presuntamente acaparados. El general, que entró a la fuerza a un galpón de la estadounidense Panamco fue el único personaje que, en la gigantesca marcha, le disputó pancartas y consignas a Chávez. "Si hay magnicidio, ya sabemos quién es el nuevo líder del pueblo", decían los manifestantes.

La Coordinadora Democrática, que agrupa a partidos de oposición, organizaciones civiles y los organismos de la cúpula empresarial y sindical en contra del presidente Hugo Chávez, ha convocado a una concentración de 24 horas en un extenso tramo de la principal autopista de Caracas para dar respuesta a la marcha realizada por el chavismo.

La invitación llama a protestar por el "robo del referéndum", en referencia a la decisión tomada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que suspende temporalmente la consulta auspiciada por la oposición en torno a la renuncia del jefe del Estado, que estaba pautada para el 2 de febrero.

Ayer, el partido conservador Primero Justicia presentó un recurso de revisión de la sentencia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, mientras la directiva del Consejo Nacional Electoral, dominada por la oposición, anunció que también lo hará y, además, solicitará la intervención de organismos internacionales.

La Sala Electoral, con ponencia del magistrado Luis Martínez, dictaminó que todas las decisiones tomadas por el CNE, incluyendo la fijación de la fecha de la consulta, son ilegales pues para tomarlas fue decisivo el voto de Leonardo Pizani, un ex miembro del organismo que se reincorporó recientemente. Los demandantes, tres diputados del Gobierno, alegaron que Pizani fue pública y notoriamente un dirigente de la Coordinadora Democrática, por lo que mal puede reasumir su rol de juez electoral.

Para la concentración opositora, que comenzará hoy a las once de la mañana (16.00 en la España peninsular) y que se prolongará hasta la misma hora de mañana, los organizadores recomiendan ir con tiendas de campaña, colchonetas, mantas, linternas, termos y tarteras.