Con la deuda sobre el tapete

La renuncia en octubre de 2000 del entonces vicepresidente de Argentina, Carlos Chacho Álvarez, disparó una crisis financiera que no se detendría hasta la suspensión de pagos, en diciembre de 2001. Trece meses después, el Gobierno de Eduardo Duhalde está comenzando el proceso de negociación de la deuda pública, que asciende a 145.000 millones de dólares (135% del PIB).

La deuda pública argentina asciende en la actualidad a 145.000 millones de dólares, el 135% del producto interior bruto

El Ministerio de Economía designará esta semana el banco que asesorará a Argentina en la discusión con los acreedores privados externos. La deuda pública ascendía en junio último a 115.000 millones de dólares, pero se sumaron otros 30.000 millones después porque el Estado emitió títulos para compensar a ahorradores y bancos por la crisis financiera y para consolidar deudas con las provincias.

De aquellos 115.000 millones, unos 32.000 millones (27,8% del total) corresponden a empréstitos con organismos multilaterales de crédito, con los que Argentina siguió cumpliendo hasta octubre pasado. Unos 50.995 millones (44,3%) están en manos de los tenedores de bonos emitidos en el extranjero. Unos 18.000 millones (15,6%) se les deben a inversores locales. Apenas 6.000 millones (5,2%) se adeudan a bancos extranjeros, que en la crisis de deuda de los años ochenta representaban el principal colectivo acreedor. Por último, unos 8.000 millones (6,9%) corresponden a pasivos en mora.

Ofertas bancarias

Los bonos externos de Argentina se encuentran en poder de cientos de miles de inversores particulares e institucionales, expresados en distintas monedas, jurisdicciones, plazos y tipos de interés. El Gobierno argentino iniciará el mes próximo los contactos formales con ellos por intermedio del banco que surja de una subasta.

Siete entidades presentaron ofertas: un consorcio integrado por Bank of America y Rothschild, Lazard Frères, Morgan Stanley, UBS Warburg, Crédit Lyonnais, Dresdner Bank y Wall Street Securities.

La tarea del banco elegido abarcará tres etapas, según Patricio Rotman, experto del consorcio de Bank of America y Rothschild. La primera consistirá en identificar a los acreedores y desarrollar una estrategia de comunicación para mostrar al mundo que Argentina se toma en serio su deuda. La tarea resultará difícil: en tres meses se celebrarán elecciones presidenciales. Todos los principales candidatos prometen pagar lo debido, pero algunos advierten de que revisarán su "legitimidad" y reclamarán una quita mayor al 50% que los mercados prevén como máximo. La segunda etapa comenzará en junio, con el nuevo Gobierno, y radicará en la articulación de colectivos de acreedores con los que sentarse a negociar. Por último se abrirá el diálogo para definir nuevos plazos, tipos de interés o quitas. La labor del banco asesor finalizará cuando se alcance un primer consenso entre las partes, a fines de este año o principios del próximo, se esperanza Rotman.

Dinero miedoso

El economista Julio Piekarz, que acompaña al candidato presidencial de centro-derecha, Ricardo López Murphy, considera que Argentina precisa cerrar en estos días el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para postergar pagos a organismos multilaterales y comenzar a dialogar con los acreedores privados: "Si no, seguiremos como estamos. Nadie pondrá dinero en un país transgresor y así no solucionaremos los problemas de pobreza, indigencia y desempleo". Pagar la deuda demandará nuevos esfuerzos argentinos. El superávit fiscal primario (sin pagos del pasivo), que el Gobierno y el FMI pretenden elevar a un histórico 2,5% del PIB en 2003, deberá ascender al 4% o 6% en los años siguientes, aun si Argentina logra una importante condonación de sus obligaciones.