Sucesiones: otro impuesto a la baja

HAY OTRA COSA que tienen en común Bush, Berlusconi y Aznar: que los tres van a acabar con el impuesto sobre sucesiones. En Italia no existe desde primeros de año; Bush lo pretende quitar antes de que termine la legislatura, y Aznar lleva las propuesta en el programa de las próximas elecciones. Como es un gravamen transferido a las comunidades autónomas, el abandono se producirá en aquellas en las que gane el PP.

El impuesto sobre sucesiones grava las transmisiones mortis causa. Es por ello un impuesto antipático, al que a veces se denomina impuesto de la muerte. Pero una cosa es que sea antipático y otra es que sea injusto. Tres son los principales argumentos de los que pretenden acabar con él: que supone un doble gravamen a bienes que ya fueron objeto de tributación en otro momento; que no afecta a todos los españoles, ya que los navarros y los vascos están exentos (para evitar la competencia fiscal, algunas comunidades limítrofes como Cantabria y La Rioja ya han anunciado que retirarán el impuesto, sin esperar a las elecciones), y que, como efecto de la ingeniería fiscal, las grandes fortunas no lo pagan y recae sobre las clases bajas y medias.

Los grandes recortes de impuestos en EE UU en los últimos 25 años, incluidos los últimos de Bush, están destinados a favorecer a los más acomodados. Aunque los ricos se hagan más ricos en comparación con el resto

El intento de suprimir el impuesto de sucesiones sirve para testimoniar una tendencia: hay una competencia a la baja entre las fuerzas políticas en general, en lo que se refiere a los impuestos, y en muchos casos también en lo que se refiere a las prestaciones sociales (afortunadamente, este último no es el caso de España). Como éstos han sido dos de los puntos más fuertes en los programas clásicos de la socialdemocracia europea, ello podría explicar en parte las dificultades de las formaciones que se reclaman de esa ideología.

El economista Paul Krugman, una de las bestias negras intelectuales de los derechistas republicanos de Bush, ha descrito la supresión del impuesto de sucesiones en EE UU como parte de una campaña para acentuar una política económica cada vez más escorada a favor de los intereses de los más poderosos. Los grandes recortes de impuestos de los últimos 25 años, los recortes de Reagan en la década de los ochenta y los últimos recortes de Bush están destinados a favorecer a los más acomodados. "A pesar de las confusiones", escribe el economista, "sigue siendo cierto que al final el recorte de impuestos de Bush irá a parar al 1% superior de las familias". Según Krugman, el impuesto sobre sucesiones es, "abrumadoramente, un impuesto sobre los ricos". En 1999, la mitad de ese gravamen fue pagada por 3.300 fincas, el 0,16% del total; una cuarta parte fue pagada tan sólo por 467 fincas. "Las historias de granjas y negocios familiares deshechos para pagar el impuesto de sucesiones son fundamentalmente leyendas rurales; apenas se han encontrado ejemplos reales, a pesar de buscarlos con diligencia".

El economista reflexiona en alto: uno podía pensar que un impuesto que recae en tan pocas personas y sin embargo produce importantes ingresos sería políticamente popular. Además, desde hace tiempo se ha argumentado que el impuesto de sucesiones promueve los valores democráticos y la igualdad de oportunidades porque limita la capacidad de los ricos de formar dinastías.

Por tanto, ¿por qué ha habido una campaña tan potente para revocar ese impuesto? Y se contesta: no es una casualidad que las opiniones fuertemente conservadoras, que militan en contra de los impuestos a los ricos, se hayan extendido aunque los ricos se hagan más ricos en comparación con el resto de nosotros: "Además de comprar influencias directamente, el dinero puede usarse para moldear las percepciones políticas... A medida que aumenta el desfase entre los ricos y el resto de la población, la política económica se preocupa más por los intereses de la élite, mientras los servicios públicos para la población en general -sobre todo la educación pública- se ven privados de recursos".

¿Sirve algo de esta reflexión para el caso español?