Voluntarios y activistas
En los países de capitalismo desarrollado, los grupos económicos más poderosos pretenden reducir el gasto público y la acción social del Estado trasladando la responsabilidad a la llamada sociedad civil regida por las leyes del mercado y el incentivo del beneficio particular. El resultado es el gran negocio que sigue engordando a los ya enriquecidos por el sistema a costa del esfuerzo injusto e inhumano de la población con menos recursos para acceder a los servicios vitales que necesita. Galicia es hoy el ejemplo monstruoso del cinismo neoliberal que impera hoy sobre toda España. Pero ocurre también que en los países de capitalismo subdesarrollado, como los iberoamericanos, el Estado real ni siquiera existe y su ineficacia social se confunde con el absentismo puro y simple. De ahí que hayan surgido espontáneamente de modo forzoso movimientos populares de autogestión que se esfuerzan por remediar los males que les acosan ante la indiferencia de los poderosos de la economía y de la política. Galicia vuelve a ser un ejemplo de ese subdesarrollo relativo con su extraordinaria movilización trabajadora de estos meses, abandonada de hecho en lo fundamental de su combate por el Gobierno del Estado y de su propia comunidad autónoma.
La crisis del poder público en los Estados sometidos al capitalismo egoísta y destructor está provocando, pues, en aparente paradoja, la rebelión revolucionaria de sus víctimas, como ha ocurrido siempre en la historia. La falsa democracia estatal se está llenando de contenido vivo merced a la actividad participante de las gentes, que ya no esperan nada o muy poco de sus gobernantes y a las que ya no se compra con miserables ayudas caritativas de última hora. El futuro Estado democrático y social que proclama sin éxito inmediato nuestra Constitución se está iniciando en Galicia y ha empezado a extenderse por toda España en forma de ese voluntariado humano y solidario que ha acudido al finisterre apocalíptico como aquellas Brigadas Internacionales que hace más de 60 años vinieron a salvar a nuestra patria de las hordas fascistas; las cuales, con el apoyo posterior de EE UU, se mantuvieron durante la larga noche de piedra del franquismo.
El movimiento popular que Galicia promueve coincide, en el tiempo y el espíritu, con la oleada mundial de acciones a favor de otro mundo posible, llevadas a cabo según el principio de una lucha antiglobalizadora local. Tal lucha implica, de modo indisociable, la defensa de los derechos humanos y sociales y la correspondiente actividad participante y democratizadora de las víctimas ciudadanas. Pero aquí se ha de insistir en el papel insustituible de los dirigentes y animadores populares. En la mejor tradición de los líderes obreros y campesinos de los dos siglos pasados, han ido surgiendo en los últimos años agitadores de la opinión pública, movilizadores vecinales, directivos de organizaciones y plataformas independientes de los partidos, que defienden a consumidores, usuarios y vecinos. Acusados a veces de subversivos o de meros incordios del poder público por afán patológico de notoriedad, estos conductores de masas han proseguido su combate democrático y justiciero eludiendo a menudo las ofertas corruptas de compra que les llevarán a una integración traidora o al silencio conformista. Precisamente ahora, el Ayuntamiento de Barcelona, que acaba de dar un importante ejemplo de diálogo institucional con el vecindario de la plaza de Lesseps en el distrito de Gràcia, ha editado un libro sobre el líder sindical Manuel Martínez, gran activista durante el franquismo, la transición y la democracia. Se trata de un buen modelo para los actuales y futuros activadores de esta última en toda España.
Martínez sufrió hambre y miseria en su infancia. En el barrio de chabolas donde falleció una de sus hijas a causa de una infección organizó las primeras manifestaciones para exigir alumbrado público, alcantarillado y agua corriente. Después luchó por casi todo: por el derecho de huelga y el retorno de los exiliados; contra el estado de excepción y la guerra de Vietnam. Despedido de todos los trabajos y encarcelado tres veces, hizo dos huelgas de hambre, presidió manifestaciones y era el primero en enfrentarse a gritos con la policía.
Inserto en el movimiento vecinal, su tenacidad reivindicativa y su inteligente apoyo en la legalidad han supuesto victorias colectivas que nunca podrán juzgarse como derrota de los gobernantes, sino como la colaboración imprescindible de la ciudadanía para que éstos no pierdan la autoridad que ella les confirió cuando se presentaron, llenos de promesas, pidiendo su voto.
Tendemos a hacer de los emblemas excepciones. Manuel Martínez no es un caso único, excepcional e irrepetible. Aunque no abunden todavía, hay muchas y muchos como él. Son lo que pueden ser tantos voluntarios que acuden hoy a Galicia no movidos sólo por sentimientos caritativos, sino por convicción realista de que sólo una red solidaria de combatientes por las causas humanas y una movilización de la energía de las víctimas frente a la fría e interesada explotación que sufren pueden ir construyendo un verdadero Estado democrático al servicio de las necesidades básicas y de los derechos constitucionalmente reconocidos de todos los ciudadanos.
Conscientes voluntarios solidarios y activistas de las exigencias legítimas de la gente forman la vanguardia de una democracia de base. Pero sería un error ver en ellos a unos enemigos de los políticos profesionales y de los representantes electos del pueblo. Por el contrario, son su impulso popular constante. Son sus críticos y correctores más eficaces. Son sus mandantes, que exigen el cumplimiento del contrato electoral. Si se les margina, se les condena o se les persigue (como está haciendo el PP con todo tipo de oposición), los gobernantes pierden autoridad y legitimidad democráticas y han de ser sustituidos por aquellos políticos que enlacen su actuación con la actividad reivindicativa de una población movilizada a través de unos dirigentes tan voluntarios como vocacionales. Los pescadores gallegos, los voluntarios españoles y los Manuel Martínez, estén donde estén, son los verdaderos padres de la patria nueva.
J. A. González Casanova es constitucionalista.
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