El Tribunal de Cuentas reprocha al Consorcio que cuestione el último informe

El Tribunal Vasco de Cuentas, la entidad que se encarga de fiscalizar las cuentas de las instituciones y organismos públicos vascos, censuró ayer las acusaciones del presidente del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, Iñaki Etxebarria, por haber restado legitimidad al informe provisional de la entidad de aguas que descalifica la gestión entre 1997 y 2001. El tribunal convocó el miércoles un pleno extraordinario para abordar las descalificaciones de Etxebarria y, tras expresar su "malestar" por la actitud de éste, defendió la independencia y objetividad de la auditoría realizada al consorcio, que aún no se ha aprobado definitivamente.

El presidente de la entidad de aguas, envuelta en la polémica desde hace años por un presunto desvío de fondos de las inversiones de saneamiento, acusaciones de "enchufismo" y cuestionada por sus inversiones en el extranjero, lanzó el pasado 26 de septiembre las más duras acusaciones vertidas contra el Tribunal de Cuentas en sus 14 años de historia. Etxebarria dijo que el informe provisional sobre el consorcio de los ejercicios de 1997 a 2001 -que considera ilegales los negocios en el extranjero, confirma el desvío de fondos por más de 115 millones y habla de contrataciones a dedo y cobros "improcedentes" de las tasas de agua- no se ha realizado de manera independiente y que los auditores han sido presionados por partidos políticos, en alusión directa al PSE y al PP, en las conclusiones del estudio.

El presidente del consorcio, también concejal de Hacienda en Bilbao, que estuvo cobrando por ambos cargos públicos, volvió a cuestionar al Tribunal de Cuentas el pasado 3 enero en la comparecencia ante la comisión municipal de investigación creada en el Ayuntamiento sobre este asunto. Entonces reiteró que concede más validez a informes privados externos, que avalan su gestión, que al Tribunal de Cuentas, el competente para fiscalizar entidades públicas.

"Salvaguardar el prestigio"

El órgano fiscalizador ha decidido responderle y el pleno, compuesto por vocales en representación del PNV, EA, PSE y PP, aprobó una nota en la que expresa el malestar "por las declaraciones" de Etxebarria en la prensa "descalificando al Tribunal". Añade que la valoración de los distintos informes fiscalizadores se "ve afectada con frecuencia por el debate político que preside nuestra vida institucional" y, ante ello, es necesario "salvaguardar siempre y ante todo el prestigio de las instituciones".

El Tribunal de Cuentas recuerda que, "como supremo órgano fiscalizador elegido por el Parlamento vasco", emite sus informes desde su fundación en 1989 "en base a los principios de independencia, objetividad, transparencia y profesionalidad". Asegura que estos criterios se extienden tanto a las auditorías financieras como al cumplimiento de la legalidad de la institución estudiadas, los dos aspectos que fiscaliza. En el caso del informe provisional del consorcio, que tras un nuevo plazo de alegaciones debe aprobarse de manera definitiva, se concluía que la entidad de aguas "presenta importantes deficiencias respecto de su situación jurídica, del cumplimiento de la normativa que regula su actividad económica-financiera y del adecuado nivel de representación y control". Estas conclusiones son especialmente duras, ya que en la práctica totalidad de los informes fiscalizadores realizados se suele hacer referencia al cumplimiento razonable de la legalidad pese a que luego pueda existir un número importante de anomalías.