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LA CONTRAOFENSIVA DEL PP

Aznar anuncia el cumplimiento íntegro de penas por terrorismo y otros delitos graves

La reforma penal limita los beneficios penitenciarios a condenados a más de cinco años de cárcel

El presidente del Gobierno y del PP, José María Aznar, reunió ayer durante dos horas, en plenas Navidades, al comité ejecutivo nacional de su partido. La gravedad de la crisis económica y ecológica causada por el Prestige en Galicia, que amenaza también a toda la cornisa cantábrica, llevó al presidente a dejar a sus ministros sin vacaciones y a concertar este cónclave extraordinario para debatir, junto al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, nuevas medidas a adoptar. No hubo autocrítica. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, leyó un informe sobre el litoral afectado y las medidas emprendidas hasta ahora. Fraga demandó un ambicioso plan de inversiones en su comunidad. El presidente gallego llegó a pedir a sus correligionarios que permitan que "su viejo presidente fundador", cuando se retire de la política, lo haga con dignidad, informa Europa Press. Y Aznar aseguró que el Prestige no va a ser la tumba del PP. Terminada la reunión, los mensajes del partido en el Gobierno fueron otros. Como primera medida, el PP anunciaba, sorprendiendo al PSOE, una ley para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas privativas de libertad para los etarras. El anteproyecto se aprobará el 3 de enero. ¿Y del Prestige? Sólo una idea: los populares se dirigirán por carta a los españoles para hacerles ver lo "irresponsable", "insolidario" e "incapaz" que se está comportando el primer partido de la oposición.

Los condenados por delitos de terrorismo y otros crímenes de especial gravedad cumplirán de manera íntegra y efectiva el límite máximo de la condena, que actualmente es de 20 a 30 años de prisión, según un anteproyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno aprobará el 3 de enero. El Ejecutivo aún no ha consultado la reforma con la oposición: ni en el marco del Pacto Antiterrorista ni el del Pacto por la Justicia.

La reforma fue anunciada ayer por el presidente del Gobierno, José María Aznar, ante el comité ejecutivo extraordinario del PP sobre la crisis del Prestige. Ya por la noche, en una cena con militantes de su partido en Móstoles, Aznar defendió que los "terroristas cumplan íntegramente sus penas en la cárcel, que es donde tienen que estar", porque él "no puede aceptar que sea tan barato penalmente ser terrorista en España".

El titular de Justicia, José María Michavila, descartó que el "arrepentimiento" vaya a ser un requisito suficiente para evitar el "cumplimiento íntegro de las penas". En alusión al PSOE, que propugna ese enfoque, Michavila dijo que es imposible acabar con ETA "con leyes ingenuas" en las que basten "falsos arrepentimientos" y el perdón para que puedan quedar impunes hechos gravísimos. Agregó que se trata de hacer llegar a ETA el mensaje de que sus delitos "no van a quedar impunes".

El presidente del Ejecutivo destacó que quiere luchar contra el terrorismo "sólo con la ley y el Estado de derecho, pero con la ley entera y con todo el Estado de derecho". Aseguró que eso lo hace desde la "profunda convicción de la democracia española y del Gobierno en esa lucha", y reclamó conocer la posición de los demás partidos políticos y, sobre todo, del PNV: "Han dicho 'ETA fuera', y estoy de acuerdo. Ahora vamos a ver si mantienen eso de ETA fuera", retó a los nacionalistas vascos. Para garantizar el cumplimiento íntegro de la pena se reformará el artículo 78 del Código Penal, para que los beneficios penitenciarios sólo puedan ser aplicados sobre el total de años de la condena impuesta.

Límites al tercer grado

El segundo aspecto de la reforma se refiere a que los condenados por delitos de sustracción y enriquecimiento con fondos públicos tendrán limitado su acceso al tercer grado de tratamiento penitenciario si no han devuelto las cantidades sustraídas. Sobre ellos, Aznar declaró: "Somos gente seria y honrada, y los que han robado de las arcas públicas no pueden salir a la calle como si tal cosa".

Una tercera medida prevista en el anteproyecto reformará el artículo 36 del Código Penal para que los condenados a más de cinco años de prisión no tengan la posibilidad de acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido "un periodo de seguridad". Según Aznar, se trata de que "no estén en la calle, a las pocas semanas, condenados a penas de cinco o más años".

Según el artículo 76 del Código, el límite máximo de cumplimiento efectivo de las penas es de 20 años. El límite de cumplimiento se eleva a 25 años cuando el condenado lo haya sido por dos o más delitos castigado con pena de prisión de hasta 20 años. El máximo de 30 años está previsto para el condenado por dos o más delitos castigados con prisión de más de 20 años. El Gobierno proyecta modificar el artículo 78 para que los beneficios penitenciarios previstos en la ley sólo puedan ser aplicados sobre la totalidad del número de años de pena impuesta. Es decir, si una condena por tres asesinatos totaliza 90 años de cárcel, los beneficios penitenciarios se descontarán de los 90 años y no de los 30 años de cumplimiento efectivo.

El artículo 78 ya contempla esa posibilidad, aunque el juez puede hacer uso de ella con carácter facultativo y en la práctica no se utiliza. La reforma parece que opta por hacer obligatorio que los tribunales cumplan la previsión de dicho artículo, para determinados delitos y a partir de una determinada cuantía de penas.

El artículo 78 establece: "Si a consecuencia de las limitaciones del artículo 76, la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el juez o tribunal, atendiendo a la peligrosidad del penado, podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que, a la vista del tratamiento, pueda resultar procedente".

El debate sobre si los beneficios deben descontarse del total de años de condena o del límite de cumplimiento ya se produjo con el anterior Código Penal, pero el Tribunal Constitucional, en su sentencia 529 / 94, y la Fiscalía General del Estado, en su consulta 3 / 93, interpretaron que el límite de cumplimiento de 30 años "opera ya como una pena nueva, resultante y autónoma y a ella deben referirse los beneficios otorgados por la ley como son la libertad condicional y la redención de penas", esta última ya suprimida del Código.

Homicidios y violaciones

Respecto a los delitos a los que se proyecta aplicar, Michavila mencionó el terrorismo y los casos más graves de "homicidios, asesinatos, y violaciones en determinadas circunstancias". El ministro explicó que no se computarán beneficios penitenciarios cuando las penas "superen el doble del tiempo máximo establecido de 20 a 30 años; 60 años, por ejemplo". A falta de mayores especificaciones, la reforma, en principio, podrá aplicarse a los condenados cuyas penas totalicen más de 40 años de prisión.

En cuanto a los condenados por sustracción de fondos públicos, el anteproyecto establece que "tendrán limitado" su acceso al tercer grado si no han devuelto lo sustraído. Se establecerán "medidas eficaces" tanto para vincular su patrimonio presente o futuro a la devolución de lo sustraído o la satisfacción de responsabilidades impuestas, como para evitar la ocultación de los fondos ilícitamente obtenidos. No se desprende ninguna limitación a los condenados por sustraer fondos privados.

En cuanto al acceso al tercer grado penitenciario para los condenados a más de cinco años, el criterio general sobre el "tramo de seguridad", según Michavila, será "la mitad de la pena", es decir, al menos dos años y medio de prisión antes de poder salir a diario y volver sólo a dormir.

Michavila insistió en que la reforma no es contraria a la Constitución y que no tiene sentido que se apliquen los beneficios de la misma manera "al que ha sido condenado a tres o cinco años que al que ha sido condenado a mil años".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de diciembre de 2002