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LA CONTRAOFENSIVA DEL PP

El PSOE sospecha que el Gobierno impulsa medidas contra ETA para no hablar del 'Prestige'

Michavila convoca a López Aguilar el lunes para "acordar el marco de diálogo" de la reforma

El PSOE no quiere ser un mero interlocutor del Gobierno en la reforma que endurezca las penas para delitos graves, sino que intentará que sus postulados salgan adelante. "Toda la imaginación jurídica y política para hacer frente al terrorismo", dijo el portavoz de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. En la dirección del PSOE no se ocultó el malestar por haber conocido las líneas de la reforma por los medios de comunicación. "No queremos pensar que el Gobierno piensa más en quitarse el foco del Prestige que en la lucha contra ETA", señaló el dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcalba.

El Gobierno y el PSOE se reunirán el próximo lunes para acordar "el marco de diálogo", según pactaron ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, y el responsable de Justicia socialista, Juan Fernando López Aguilar. El Ejecutivo está dispuesto a convocar la reunión del Pacto Antiterrorista tal y como ayer le pidió el PSOE. Por tanto, no hay en principio problemas de fondo, aunque sí hay enojo en el PSOE. Al igual que con la Ley de Partidos, para ilegalizar a Batasuna, el PSOE se ha visto sorprendido por el anuncio unilateral del Gobierno cuando estiman que, como firmantes del Pacto Antiterrorista, el Ejecutivo "no debía caer una y otra vez en la tentación de anunciar las reformas en solitario", se quejaron en la dirección del PSOE.

El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, fue el primero en ser preguntado por las reformas que planea el Ejecutivo de las que supo a media mañana por las agencias informativas. "Esperamos que se reúna de inmediato la Comisión del Pacto Antiterrorista", dijo Caldera. El portavoz en el Congreso dio por supuesto que en esta ocasión, como ya pasó con "la Ley de Partidos y la de defensa de los concejales", el PSOE introducirá las medidas necesarias para que la norma sea plenamente constitucional y obtenga el máximo consenso de los partidos.

Antes de que el ministro de Justicia, José María Michavila, comunicara al PSOE sus intenciones dio una conferencia de prensa. Y antes comunicaron las reformas el secretario general del PP, Javier Arenas, y el presidente del Gobierno, José María Aznar. "Esto demuestra el mal estilo del Gobierno y del PP", dijo el responsable de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar. "No queremos creer que el Gobierno, al tomar esta iniciativa, piensa más en apartarse el foco del Prestige que en la lucha contra ETA", añadió Alfredo Pérez Rubalcaba, interlocutor de su partido con el Gobierno para la lucha contra el terrorismo.

Sorpresa

Tanto a Rubalcaba como a López Aguilar les cogió por sorpresa que ayer se produjera el anuncio toda vez que ambos tenían la certeza de que hasta enero no iban a abordar juntos las reformas. Así se lo dijo Michavila a López Aguilar y el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, a Rubalcaba. Esta última conversación se produjo "el día 23 de diciembre a las diez de la noche", aseguró Rubalcaba.

Desde hace varios días, sin embargo, el PSOE esperaba que en cualquier momento el Ejecutivo iba a tomar alguna medida relacionada con el terrorismo. Es verdad que esta reforma también se considera necesaria para los socialistas, pero a juicio de la dirección del PSOE, "la cierta prisa viene dada porque el Gobierno quiere alejar en lo posible del foco público la catástrofe del Prestige; y siempre lo hace con algo relacionado con el terrorismo", dijeron en la dirección del PSOE.

Los socialistas, no obstante, trabajan desde hace semanas en una reforma sobre el endurecimiento de estas penas en las que se precisa que para obtener beneficios penitenciarios el condenado debe abjurar de la violencia, pedir perdón a las víctimas y, además, mantenerse alejado de actividades materiales e ideológicas propias del terrorismo. El PSOE tiene muy detallada la reforma que pensaba plantear al Gobierno. El Ejecutivo remitió ayer al PSOE los tres folios que había entregado horas antes a la prensa.

Desde el Gobierno, sin embargo, se considera que sus gestos indican deferencia hacia el PSOE, como muestra la llamda telefónica ayer de José María Michavila al secretario de Libertades del PSOE, Juan Fernando López Aguilar. Se entrevistarán el lunes porque López Aguilar hoy no podía, según Michavila. El ministro también telefoneó al portavoz de Justicia de CiU, Manel Silva, aunque no fijó ninguna reunión. El texto llegará al Parlamento en febrero tras pasar por el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 27 de diciembre de 2002