Las asociaciones opinan que la reforma no aporta novedades

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, consideraron ayer que el contenido de las reformas anunciadas por el Gobierno para el cumplimiento efectivo de las condenas por terrorismo ya está integrado en la legislación vigente, informa Efe.

Los portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), de la Asociación de Fiscales (AF) y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), señalaron que lo anunciado por el Ejecutivo figura ya en el artículo 78 del Código Penal.

Sólo el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Manuel Suárez Robledano, mostró su apoyo al anteproyecto, porque permitirá el cumplimiento efectivo de las penas y servirá "para homologar la legislación española al resto de los ordenamientos europeos"

Por su parte, el portavoz de JpD, Miguel Carmona, no percibe las novedades de la reforma, ya que "tanto el Código Penal como la Ley General Penitenciaria obligan a tener en cuenta el pronóstico favorable a la reinserción a la hora de conceder los beneficios penitenciarios". Según Carmona, lo que hace falta es "una política criminal más o menos coherente, y no que cada fiscal informe a su aire".

Reforma parcial

El portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, José Antonio Martín-Caro, cree que el Gobierno sólo llevará a cabo una reforma parcial: "Supongo que lo que van a hacer es que no sea una opción de los tribunales, sino una regla con carácter general para el terrorismo y los delitos especialmente graves". La novedad está "en la forma de aplicarlo, ya que hasta ahora se dejaba al criterio de los tribunales".

Antonio Camacho (UPF) aseguró que si lo que se pretende es que en todos los supuestos y de forma automática se aplique esa norma, "tiene un mal encaje constitucional" ya que "la finalidad de la pena es la reinserción social".

El portavoz de la APM discrepó de sus compañeros. Dijo que "no es cierto que no haya novedades" y aseguró que, con las reformas, "ya no será posible que condenados a 15 o 20 años de prisión accedan al tercer grado al día siguiente de entrar en la cárcel".