Aprobación definitiva de la Ley de Calidad en medio de fuertes críticas

"¿Por qué la ley que reforma la Sanidad merece llevar una memoria económica y la que cambia toda la educación española no?", reprochó ayer el PSOE al Gobierno. La aprobación definitiva de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) ha contado sólo con el apoyo de PP y Coalición Canaria (cuatro diputados). Y la polémica continuará: CiU la recurrirá al Constitucional, los sindicatos mayoritarios promoverán otros recursos y los padres de los centros laicos dicen que "su aplicación será estéril en muchas escuelas".

El Ministerio de Educación preparó una memoria económica para la reforma educativa antes del verano que nunca ha presentado el Gobierno. En ella se destinaba financiación para contratar sólo a 2.300 profesores más en la ESO (uno por cada 800 alumnos) para implantar los itinerarios, y además alrededor de dos terceras partes de esa cantidad iban a la educación privada concertada. Tras conocerse este documento, el caballo de batalla de la mayoría de grupos parlamentarios de la oposición ha sido solicitar al Gobierno que presente esa memoria al Congreso.

Pero la ministra de Educación, Pilar del Castillo, argumentó que "la lealtad institucional es la que lleva a que, una vez aprobado este Proyecto de Ley, se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este proyecto y para las restantes leyes", tal como recordó ayer en el Congreso la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

Sin embargo, "una contradicción deja al desnudo a la ministra", añadió Chacón: la presentación, hace unas semanas, de la Ley de Sanidad, que, ésta sí, vino acompañada de su memoria económica: "El Gobierno mandó esa ley a la Cámara con un oficio del vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que reza así: 'Tengo el honor de remitir, en nombre del Gobierno, el Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, acompañado de su correspondiente Memoria Justificativa y Memoria Económica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Constitución".

A este detalle Pilar del Castillo responde que la LOCE no tiene memoria económica y la ley de Sanidad sí porque, según dijo, la reforma del sistema sanitario se produce en un contexto en el que las competencias acaban de ser transferidas mientras que la LOCE plantea modificaciones concretas de las enseñanzas obligatorias cuando las competencias educativas se acabaron de transferir por completo en 2000.

Tras votar ayer en contra de la ley, todos los grupos, menos PP y Coalición Canaria, se lamentaron de que los nueve meses de debate no hayan fructificado en modificaciones al texto -ni en su paso por el Congreso, ni por el Senado- que ellos consideraban necesarias y relevantes. Los sindicatos CCOO y UGT calificaron de "triste y desgraciada" la tramitación parlamentaria de la ley y han pedido que su desarrollo se negocie en la Mesa Sectorial de Educación. Otro de los sindicatos mayoritarios de la enseñanza, STES, ha anunciado que recabará las 50 firmas de diputados necesarias para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la LOCE. Los padres de centros laicos, asociados en CEAPA, están en contra de que se saque adelante una reforma educativa "sin consejos, ni diálogo y con muy pocos apoyos" y están convencidos de que ello "contribuirá a que su aplicación sea estéril en muchas escuelas". Esta confederación añade que "trabajará para que los efectos perniciosos de la ley queden atenuados".

Los apoyos a la ley están centrados en la enseñanza privada y concertada y en la católica. La patronal Educación y Gestión cree que la LOCE "mejora el sistema educativo, pero es insuficiente para la privada concertada"; la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza dice que la norma "sienta las bases para mejorar el sistema educativo, aunque necesita un buen desarrollo reglamentario". Los padres de los colegios católicos (CONCAPA) también apoyan esta ley y valoran la gratuidad de la educación infantil en todos los centros concertados porque consideran que favorece la libre elección de enseñanza.

Los socialistas, aparte de la financiación, centraron sus críticas en el enfrentamiento que la LOCE provocará entre la red pública y la privada. Y el portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Ignasi Guardans, resaltó ayer la trascendencia de aprobar una ley de esta envergadura con la "opinión contraria de casi todos los grupos parlamentarios y la falta de apoyo de "millones de ciudadanos". Los nacionalistas catalanes consideran que, ante ese rechazo, el PP debería haber "congelado" su reforma hasta lograr un texto "aceptable" para todos.

Por parte de IU, la portavoz de Educación, Marisa Castro, señaló que la actitud del PP a la hora de buscar consensos y de mejorar el texto ha sido "nula" porque éste "venía ya blindado". Castro calificó el trámite parlamentario de "una simple puesta en escena".

El motivo por el cual Coalición Canaria ha apoyado esta norma es, según su portavoz de Educación, María del Mar Julios, que fomenta el esfuerzo de alumnos, padres y sociedad para mejorar el sistema educativo. Julios hizo una valoración positiva de la introducción de "aclaraciones" sobre las competencias autonómicas en el Senado, pero se quejó de que la tramitación de la reforma no haya transcurrido en un clima "más sereno". Los nacionalistas canarios preferirían que los equipos directivos de los centros escolares se eligieran por un sistema mixto (y no por la Administración) y temen que esta ley pueda burocratizar el sistema y que incluya algunos elementos contradictorios.