"Vuelve la autoexigencia y el esfuerzo"

La ministra de Educación, Cultura y Deportes, Pilar del Castillo (Nador, Marruecos, 1952), ha superado el tramo parlamentario de su reforma educativa. No ha conseguido el apoyo de la oposición, pero se muestra convencida de contar con el favor de la comunidad educativa. En su despacho de la calle de Alcalá, 36, bajo el retrato de Miguel de Unamuno, obra de Gutiérrez Solana, la ministra defiende sus leyes.

Pregunta. ¿No es un fracaso que la Ley de Calidad sólo haya recibido el apoyo de Coalición Canaria?

Respuesta. La Ley de Calidad no ha recibido el apoyo de CiU por razones externas a la propia ley. Y desde luego no ha tenido apoyo del PSOE por su actitud de decir no, no, no a la reforma. Es muy difícil obtener el voto de alguien que tiene una actitud de rechazo frontal respecto de todas las propuestas educativas. Aún así, la ley cuenta en lo sustantivo con el sostén inequívoco de la gran mayoría de los sectores de la comunidad educativa, incluidos los profesores.

El Estado no debe intervenir en la selección de los profesores que imparten doctrina

Nadie en su sano juicio desarrolla una reforma para penalizar a un tipo de escuela frente a otro

Los profesores me dicen: 'Ministra, esté segura, la gran mayoría apoyamos la reforma"

P. Pero muchas asociaciones de profesores y sus sindicatos mayoritarios la rechazan y además acusan al Ministerio de haberles excluido de las reuniones.

R. Vamos a deshacer la contradicción. En primer lugar, todos han tenido las puertas y ventanas abiertas para entrar en este ministerio. Y así ha sido: hemos mantenido reuniones con todos ellos. A raíz de esos encuentros hay quien ha tomado una actitud de rechazo. La gran mayoría no lo ha hecho, y eso incluye a profesores y sindicatos. Le diré que un día y otro y otro, docentes de izquierdas y otros cercanos al PP, me han dicho: 'Ministra esté usted segura, no se equivoque, la gran mayoría estamos de acuerdo con la reforma". Me pasa constantemente.

P. Pero no ha sido todo demasiado rápido. ¿No habría logrado mayor consenso con más tiempo?

R. El PSOE no ha estado para nada a la altura de lo que se debe esperar de un partido que tuvo tareas de Gobierno, que es el principal partido de oposición y que algún día lejano volverá al Gobierno. Ha desarrollado un trabajo exclusivamente demagógico y con un programa basado en el 'no no no', 'lo cambiaremos cuando lleguemos a Gobierno y mientras tanto me pongo a la cabeza de la manifestación'. Ese es el programa educativo que ha planteado el PSOE. Es difícil llegar muy lejos con esa actitud, cosa que no ocurrió con la LOGSE cuando el PP tuvo la elegancia de abstenerse por tratarse de una ley educativa.

P. Ustedes han justificado la reforma por el alto fracaso escolar, la escasa excelencia o el clima de violencia escolar, pero después de seis años de Gobierno, ¿no son esos males responsabilidad suya?

R. Nosotros hemos señalado siempre el extraordinario avance cuantitativo de nuestro sistema educativo en los últimos 30 años, por ejemplo, en la escolarización obligatoria hasta los 16 años. Pero todavía hay problemas cualitativos en la formación de los alumnos, que hoy día están por debajo de la media de los países más avanzados en matemáticas, lengua, idiomas... Mejorar las condiciones del sistema educativo, prevenir y actuar frente al fracaso escolar, eso es lo que da razón a esta reforma.

P. ¿Garantiza la financiación de esta ley?

R. Las medidas que se empiecen a aplicar el próximo curso, como la eliminación de la promoción automática, no requerirán financiación adicional. La Ley de Calidad reordena el sistema y puede ocurrir que algunos aspectos necesiten una financiación adicional. Esto es algo que evaluará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en función de los planteamientos de las comunidades autónomas y de todo el sistema de financiación autonómico. Lo que decida ese consejo que sea un gasto adicional tendrá la financiación correspondiente. A eso se ha comprometido el Gobierno.

P. ¿Habrá en el futuro centros que impartan un solo itinerario?

R. La ley dice que los centros tendrán que dar todos los itinerarios.

P. Pero las comunidades pueden no hacerlo en función de la demanda de sus centros.

R. Tenemos un sistema que permite a las autonomías gestionar el desarrollo de sus centros. Y hubo que hacer esa salvedad en la ley, por si se encontraban con dificultades en algún centro al implantar los itinerarios.

P. La Ley de Calidad señala que los centros que se especialicen en ciencias, arte o idiomas, por ejemplo, podrán tener en cuenta las notas de los alumnos en esas materias en la admisión. ¿No abre esto una puerta a la selección de los estudiantes en los centros concertados?

R. Todo lo que sea contemplar este proyecto como un deseo de penalizar a la escuela pública y favorecer a la concertada es, como mínimo (si es honesto), un error. Y si no es honesto es una forma de confundir deliberadamente. Porque nadie en su sano juicio, teniendo una responsabilidad en el Gobierno, puede desarrollar un proyecto de reforma cuyo objetivo sea penalizar a un tipo de escuela frente a otro, bien sea a la pública o la concertada. Carecería de sentido.

P. Esta reforma incluye medidas como la reválida, la repetición de curso con más de dos suspensos y la separación de alumnos en itinerarios que pueden aumentar la frustración de los estudiantes.

R. Con la reforma educativa se reintroduce además la presencia de valores como la autoexigencia y el esfuerzo. El sistema educativo español seguirá siendo el que menos pruebas externas y obligatorias impone de todos los sistemas europeos. Sólo tendremos la Prueba General de Bachillerato que sustituirá a la selectividad. A quien más perjudica un mal diseño del sistema educativo es a los alumnos más desfavorecidos. Porque una persona que tenga más recursos tiene más posibilidades para resolver los problemas fuera del sistema. En este sentido es muy importante la prevención.

P. Algunos institutos con mayoría de alumnos de familias desfavorecidas temen que por la rigidez de la ley y su sistema de repeticiones no lleguen suficientes alumnos para cubrir 4º de la ESO.

R. Lo que hace el sistema de la Ley de Calidad es ablandar la rigidez del actual sistema de una manera ordenada. Abre una nueva oportunidad para los alumnos que muestran unas mayores resistencias a integrarse en el sistema. Para ellos se crean los Programas de Iniciación Profesional (PIP), de modo que después de dos cursos puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, lo que no ocurre con la actual Garantía Social, a la que sustituyen estos programas.

P. Pero si ahora ya hay dificultades para que los alumnos de la garantía social acaben un único curso académico, ¿no es poco realista pensar que van a superar dos?

R. No, porque ahora no tienen el estímulo de lograr el título.

P. ¿Qué necesidad había de reformar la asignatura de religión y su alternativa?

R. La asignatura de religión no cambia, pero que haya una sola alternativa a ella en lugar de múltiples, como ahora. Creemos que quienes no quieran estudiar la religión deben tener la posibilidad de conocer la historia de las religiones desde una perspectiva no confesional. Estas materias serán evaluables pero no contarán para la repetición de curso.

P. ¿Apoya el despido de profesores de religión por causas como casarse con un divorciado o salir de copas, como viene ocurriendo?

R. Hay unos acuerdos con la Santa Sede sobre la enseñanza de la asignatura de religión y lo que no puede hacer el Estado es seleccionar a las personas que van a enseñar la doctrina de una determinada religión. Éste es el acuerdo. Lo contrario sería un intervencionismo propio de regímenes no democráticos.

P. Pero esos trabajadores son contratados por el Estado. ¿No deberían tener los mismos derechos que el resto de los profesores?

R. Esas personas tienen unas garantías laborales, una seguridad social, unos sueldos.

P. Pero esas garantías no funcionan respecto al despido.

R. Pero hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que establecen que es una relación especial y específica por la naturaleza de la materia. El Estado ha dado pasos para garantizar a esos profesores unas condiciones en términos de salarios y seguridad social que antes no había.