Pensiones 2020

La Comisión Europea advierte periódicamente a España sobre el colapso que amenaza al sistema de pensiones a partir del año 2020. Debido al envejecimiento de la población, las previsiones apuntan a que a partir de esa fecha aumentará tanto el número de jubilaciones, que existiría el riesgo de que no se pudiera hacer frente a las pensiones comprometidas. En números, ese boom de las jubilaciones implicaría que el gasto público en pensiones pasaría desde el 9,4% del PIB registrado en el año 2000 al 17,3% en el año 2050.

La advertencia, insistentemente repetida, es verosímil e implica que desde los poderes públicos no se han adoptado las políticas necesarias para conjurarla. Hasta ahora, el Gobierno ha dotado un Fondo de Reserva de 6.020 millones de euros para cubrir el pago de una mensualidad, y aumentará dicho Fondo hasta 7.222 millones de euros el año próximo. Al mismo tiempo, se ha diferido la edad de jubilación para retrasar y diluir en el tiempo el aluvión de nuevos perceptores de las prestaciones. Pero quedan todavía amplios márgenes de actuación oficial.

Uno de los factores decisivos para la sostenibilidad del sistema es el crecimiento del empleo; y en este punto no parece que una política económica parca en inversión de infraestructuras sea la adecuada para aumentar el número de cotizantes. Lo mismo cabe decir de la despreocupación gubernamental ante la marea de prejubilaciones. Carece de sentido que en una sociedad caracterizada por la salud y las medias de edad elevadas se jubile a profesionales, directivos y trabajadores a los 54 años, en muchos casos a costa de los fondos públicos de empleo.

No está claro que el Gobierno esté cumpliendo con sus obligaciones en este terreno. Se ha mostrado más preocupado por mantener sus pretensiones de autoridad frente a las decisiones de las comunidades autónomas, como sucedió con su recurso contra la subida de las pensiones no contributivas aprobada por la Junta de Andalucía en 1999 y avalada ahora por el Tribunal Constitucional. El varapalo jurídico al Ejecutivo va unido a una incoherencia llamativa. Porque, a pesar de la cacareada defensa del principio de igualdad, resulta que el PP no ha tenido empacho alguno en apoyar los Presupuestos de la Generalitat para el año 2003, que incluyen un aumento de las pensiones de viudedad más bajas.

El pesimismo de la Comisión no debe ser utilizado como una coartada técnica para desmontar el sistema público de pensiones. La solidaridad intergeneracional exige que se garantice la jubilación de todos los trabajadores y no sólo de quienes tienen renta suficiente para pagarse un plan privado de pensiones. Pero esto exige tomarse en serio las advertencias y buscar soluciones con suficiente anticipación.