El fiscal ve delito en la actuación del juez Ruiz Polanco sobre el 'Prestige'

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, elevó ayer un informe al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y al presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, sobre la actuación del juez Guillermo Ruiz Polanco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, en relación con las medidas cautelares adoptadas tras la admisión de una denuncia sobre el hundimiento del buque Prestige. Aunque el fiscal ha remitido los informes "a los efectos que correspondan", fuentes jurídicas de la propia Audiencia interpretan que el fiscal sólo remite su versión de lo ocurrido por entender que la actuación del juez puede ser constitutiva de delito de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) y también para activar la vía disciplinaria.

Ruiz Polanco, estando de guardia, recibió una denuncia por delito contra el medio ambiente por la marea negra generada por el hundimiento del Prestige, y antes de remitirla a reparto, y sin considerar que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar delitos contra el medio ambiente, adoptó una serie de medidas cautelares alegando que eran urgentes. Así, requirió al Gobierno, a través del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, para que impidiera la navegación por aguas jurisdiccionales españolas de los buques que figuran en la lista negra publicada por la Comisión Europea, así como de todo buque "que guarde cualquier relación con los Estados nacionales de matriculación o de abanderamiento del buque Prestige o de nacionalización de sus propietarios o de nacionalidad, residencia o trabajo de las personas físicas o de las Compañías que han intervenido en una u otra forma durante los tres últimos años en la actividad y uso, en navegación o atraque, del buque Prestige".

En la práctica, la medida afectaba a barcos de Liberia, Grecia, Bahamas, Reino Unido, Gibraltar, Rusia, Letonia, Holanda e incluso España.

El fiscal recurrió las medidas cautelares y la juez Teresa Palacios, a la que había correspondido el caso por reparto, revocó la decisión de su compañero, comunicando al ministro de Fomento que dejaba sin efecto las medidas.

Archivo de la causa

Al mismo tiempo, la Fiscalía informó ayer a la juez Palacios de que la Audiencia Nacional no es competente para investigar la rotura y posterior hundimiento del Prestige porque puede tratarse de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales en concurso con un delito de daños que afectan a bienes de dominio de uso público, que causan grave situación económica y afectan a espacios naturales protegidos. Y la Audiencia Nacional no tiene atribuida la competencia para juzgar ese tipo de delitos.

La juez Palacios archivó ayer mismo la causa siguiendo el criterio del fiscal.