La UE calcula que España será incapaz de cumplir el Protocolo de Kioto

Para España empieza a ser tarde para enderezar el rumbo. El último informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente es demoledor. Ni siquiera adoptando las medidas complementarias proyectadas por el Gobierno de Madrid se podrá cumplir el compromiso de limitar al 15% el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2008-2012. El desarrollo del transporte por carretera y el aumento de las centrales de energía son algunas de las razones de este previsible incumplimiento que expone a España a una multa de Bruselas y a tener que comprar derechos de emisión.

La mala situación española contrasta con las expectativas que ofrece la Unión Europea en su conjunto. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) no descarta que la UE acabe en 2008-2012 (periodo final establecido por el Protocolo de Kioto sobre cambio climático) reduciendo sus emisiones en una proporción superior a la comprometida. En el protocolo, la UE se compromete a reducir en un 8% sus emisiones respecto a 1990, año utilizado siempre como referencia.

"En la práctica, si se aplican todas las medidas complementarias en debate para reducir emisiones", dice la AEMA, "se prevé un recorte total del 12,4%, muy por encima de la reducción del 8% que exige Kioto". Sin embargo, de estas buenas perspectivas se descuelgan con claridad varios países -España, Austria, Bélgica y Holanda-, que ni siquiera con los esfuerzos suplementarios planeados por sus respectivos gobiernos alcanzarán sus propios objetivos, según los cálculos de la AEMA, que prevén que España supere su tope al menos un 13%. Entre esos esfuerzos suplementarios se incluye el desarrollo de energías alternativas, la imposición de tasas energéticas, la firma de acuerdos voluntarios con la industria o decididas políticas de transporte público.

España es el país que más se aleja del objetivo de Kioto. El "reparto de la carga" pactado por los Quince países de la UE permite a España aumentar en un 15% sus emisiones respecto a 1990. Sin embargo, éstas estaban en 2000 un 33,7% por encima. Tal incremento no sólo se debe al aumento del transporte por carretera y a la industria energética. España es uno de los pocos países de la UE que no ha sido capaz de contener las emisiones controlando la gestión de residuos y las debidas a los usos agrícolas (óxido nítrico por el uso de ciertos fertilizantes y metano por la fermentación de los excrementos del ganado).

La agencia recuerda que el "reparto de la carga" pactado por los quince "ha impuesto límites legalmente vinculantes a las cantidades que cada uno de ellos puede emitir dentro del objetivo global". De ahí que España se esté exponiendo a una multa de Bruselas y que, una vez aprobado la semana pasada el comercio de emisiones, las empresas españolas se vean obligadas a comprar derechos de emisión, dentro de la UE, a Alemania, Reino Unido o Suecia, países que pueden cumplir con creces sus compromisos.

En términos reales, siempre según la AEMA, la UE no está reduciendo sus emisiones al ritmo necesario para cumplir el objetivo de Kioto, pues sólo las ha recortado, a fecha de 2000, en un 3,5%. De ahí que la AEMA considere que las medidas suplementarias son muy necesarias.

La gran preocupación, no sólo en España, es la evolución del transporte. Las emisiones debidas a este factor han aumentado en todos los países, salvo en Finlandia. En total, en 2000 y respecto a 1990, las emisiones del transporte han aumentado en un 20% y se prevé que en 2010 se acrecienten hasta el 28%.

Esta preocupación por el transporte es compartida ya por los distintos responsables de las instituciones comunitarias. En enero próximo, el pleno del Parlamento Europeo aprobará el informe del eurodiputado socialista español Juan de Dios Izquierdo sobre la política de transportes, que ya ha superado la votación en comisión parlamentaria y que intenta fomentar en toda Europa un sistema de transportes respetuoso con el medio ambiente y pide el desarrollo de medios alternativos, el transporte colectivo y la liberalización del ferrocarril, entre otras cosas.

Bruselas ha suscrito acuerdos diversos con los fabricantes de automóviles que han permitido reducir desde 1995 un 10% las emisiones de dióxido de carbono por parte de los coches particulares nuevos, lo que para la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström, es todavía insuficiente.