El alcalde de Pontevedra denuncia las "trabas" puestas a los voluntarios

El Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), denunció ayer que la multitud de voluntarios gallegos dispuestos a recoger el fuel vertido en las costas -un "ejército civil" de 20.000 personas, según sus estimaciones- se encuentra con "todo tipo de trabas" para trabajar en la limpieza de playas afectadas por la marea negra. El Ayuntamiento pontevedrés, cuyo alcalde es el nacionalista Miguel Fernández Lores, destacó ayer, en un comunicado, la "preferencia" de las administraciones central y gallega por el personal contratado por la empresa Tragsa, encargada de las tareas de limpieza, y voluntarios procedentes de otras comunidades. Detrás de ese comportamiento, según Fernández Lores, hay "directrices políticas de la Administración para dar preferencia a voluntarios contratados a tiempo parcial o que sólo permanecen en Galicia unos pocos días".

Además de los voluntarios que coordinan los ayuntamientos, hay grupos procedentes de universidades, institutos, asociaciones vecinales y culturales y de sindicatos que están a la espera de que se les llame.

"Descontrol"

El Ayuntamiento de Pontevedra también critica la "incapacidad" de la Administración para coordinar los trabajos, labor que está siendo desviada a los municipios que han dispuesto oficinas para canalizar las ofertas de ayuda. La "gravedad" del asunto aumenta, a juicio del alcalde pontevedrés, por el "descontrol con el que se está gestionando la organización" del trabajo en las playas, tareas en las que intervienen organismos estatales y autonómicos. Según el Ayuntamiento, algunos técnicos de Tragsa tienen dificultades para trasladar los efectivos a las zonas de limpieza porque desconocen el territorio.

El Ayuntamiento de Pontevedra afirmó que en algunas zonas, como la isla de Ons, hay una clara escasez de maquinaria adecuada para sacar el máximo provecho a las labores de limpieza, en concreto tractores para recogida de contenedores, que se acumulan en las playas y obligan a paralizar la cadena de trabajo.

Tragsa aseguró ayer que tiene la obligación de coordinar sólo a los voluntarios registrados por la Administración. Fuentes de esa empresa rechazaron las acusaciones de que está generando tensión y división -escoge a determinadas personas para realizar tareas de limpieza que le son remuneradas- y aseguraron que no impiden el trabajo de los voluntarios, si bien añadieron que algunos de éstos "vienen por su cuenta" y sin estar registrados.

Las fuentes consultadas aseguraron desconocer el caso de un grupo de voluntarios de la Universidad Politécnica de Cartagena, que regresaron de Galicia "indignados" con Tragsa, a la que acusan de querer prescindir de ellos "para ganar más dinero" y de encomendarles tareas en zonas que no estaban siquiera dañadas por la marea negra.