Cajas contaminadas

Al margen de las distancias relativas en tamaño y rentabilidad, la diferencia principal entre los bancos españoles y las cajas de ahorro es el riesgo elevado de contaminación política en la gestión de las cajas. Los recientes alborotos suscitados en La Caixa y Cajasur son al mismo tiempo la consecuencia y el ejemplo perfecto de esta contaminación. Se trata, en el primero de los casos, de las rocambolescas maniobras de CiU para sustituir al presidente de la entidad, Josep Vilarasau, antes de que una hipotética victoria electoral de los socialistas catalanes hurtara a los nacionalistas la oportunidad de decidir quién controlará la caja en los próximos años. Y en el segundo, del juego espurio de alianzas con el PP del cura Miguel Castillejo, presidente de la entidad, sorprendido por el Gobierno andaluz en la sustanciosa tarea de autoconcederse una indemnización de 2,5 millones de euros como consuelo nada evangélico a su jubilación.

Nada bueno puede desprenderse de la manipulación abusiva -una vez más- de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en esta ocasión de los de Cataluña, para teledirigir la sustitución de Vilarasau en principio por un consejero afín a CiU. El PP ha jugado en esta ocasión el papel de cómplice necesario en el juego de definir un procedimiento más o menos razonable, en este caso la limitación a 70 años para ocupar el puesto de consejero, para despedir al presidente anterior. La arbitrariedad del argumento de la limitación de edad queda más que patente si se recuerda que el PP se opuso a este tope cuando el Gobierno andaluz la incluyó en su Ley Financiera. No menos arbitraria es la reciente legislación catalana, que entrará en vigor en enero, que establece como límite máximo los ocho años para permanecer en el consejo de una caja. Cambios sobre cambios, sin motivos profesionales suficientes, socavan la estabilidad de las cajas y contradicen el objetivo declarado en la Ley Financiera de profesionalizar su gestión.

En el caso de Cajasur, la posición de su presidente, enfrentado al Gobierno socialista de la comunidad autónoma, parece ya insostenible después de que su superior eclesiástico, el obispo de Córdoba, Javier Martínez, haya denunciado públicamente la "intoxicación" política de Miguel Castillejo con sus alianzas poco santas con el PP y tildado de escandalosa la póliza indemnizatoria mencionada. Miguel Castillejo no debería haber apelado a la ayuda del PP para resolver un problema planteado en términos autonómicos, y también es un error grave considerar que la gestión de Cajasur puede sustraerse a las decisiones legítimas de la Junta de Andalucía. Tales despropósitos sólo podían desembocar en la desairada posición actual. A Castillejo sólo le queda la senda honorable de renunciar a su jugosa póliza jubilatoria y considerar su salida del consejo.