La 'licencia para matar' de la CIA

Juristas y asesores del Gobierno de EE UU estudian si las nuevas normas de los servicios secretos violan el derecho internacional

El pasado mes de noviembre, la CIA recuperó la licencia para matar que había perdido en los años setenta, cuando seis militantes de Al Qaeda fueron abatidos en Yemen por un misil disparado desde un avión teledirigido Predator. Después del atentado de Kenia del pasado 28 de noviembre, muchos expertos opinan que Washington recurrirá cada vez más a este tipo de acciones, sobre todo en países anárquicos como Somalia, donde los estadounidenses creen que se esconden los culpables del ataque de Mombasa. Pero realizar acciones en cualquier país no es una cuestión fácilmente justificable en el derecho internacional.

Allí donde sea imposible llevar a cabo una operación militar convencional -el tipo de lugares en los que se esconden los terroristas-, estos ataques estarán a la orden del día. De hecho, el primer ministro australiano, John Howard, anunció esta semana que su país estaba dispuesto también a llevar a cabo acciones preventivas contra bases de Al Qaeda en Asia.

"La orden ejecutiva que prohibía a la CIA cometer asesinatos ha sido redefinida", asegura Larry C. Johnson, que trabajó para la CIA y el Departamento de Estado como experto en antiterrorismo y ahora es asesor en materia de seguridad. "Más que el hecho de que la CIA haya recuperado su licencia para matar, la idea es que la comunidad de inteligencia, lo que incluye a los militares, ha recibido autorización para abatir a los que hayan matado estadounidenses. No creo que se vuelva a los viejos tiempos en los que la CIA podía asesinar a personas que consideraba enemigos políticos".

No se trata de operaciones encubiertas. El presidente George W. Bush o el director de la CIA, George Tenet, han reconocido que se llevan a cabo y que cualquier posible miembro de Al Qaeda puede ser un objetivo, se encuentre donde se encuentre, incluso en el caso de que sea un ciudadano estadounidense, como anunció esta semana la Casa Blanca. Pero lo que para los altos funcionarios de EE UU es "un nuevo tipo de guerra para proteger nuestro país", como dijo la asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, para otros puede ser una ejecución extrajudicial que viola el derecho internacional. ¿Es un crimen de guerra? "Depende de las circunstancias", responde Anthony Dworkin, editor de la página web del proyecto Crimes of War, uno de los organismos internacionales más activos en la defensa del derecho internacional humanitario. "Las leyes de la guerra están basadas en distinciones muy claras -combatiente / civil, conflicto / paz- que quedan muy borrosas en este tipo de conflictos. Todo el asunto está en un área legal muy gris", señala.

Después del ataque del 3 de noviembre en Yemen, Amnistía Internacional fue tajante. Tras enviar cartas a los presidentes de EE UU y Yemen para recabar información, aseguró: "Si se trata de la muerte deliberada de sospechosos en lugar de arrestarles cuando no representan una amenaza inmediata, las muertes serían ejecuciones extrajudiciales en violación del derecho internacional humanitario".

No era la primera vez que Estados Unidos utilizaba los aviones no tripulados Predator, armados con misiles Hellfire, en una acción preventiva; pero sí la única en la que logró su objetivo: en el sur de Yemen murieron seis militantes de Al Qaeda, entre ellos Qaed Salim Sunian al Harethi, más conocido como Abu Alí, presunto organizador del ataque contra el destructor USS Cole. En octubre de 2001, uno de estos aviones había tenido a tiro en Afganistán al líder de los talibanes, el mulá Omar, y en mayo, cerca de Kabul, un Predator disparó contra Gulbuddin Hekmatyar, un antiguo muyahid. Pero en ambos casos se trataba de un país en el que Washington llevaba a cabo una operación militar.

Desde que Bush autorizó este tipo de ataques, pocos días después del 11-S, los servicios jurídicos del Ejército y de la CIA han estudiado el tema a fondo. Las claves para justificar estas acciones están, según han revelado varios diarios estadounidenses, en que los ataques cuenten con la aprobación del país en el que se llevan a cabo y en destacar el concepto de que se trata de una guerra contra el terrorismo, no contra el país donde ocurren. "No intentan justificarlos en un contexto legal, sino militar. En una guerra disparas para matar a tu enemigo", dijo a Los Angeles Times la jurista Suzanne Spaulding. "La premisa básica es que EE UU dice estar en guerra contra Al Qaeda. Sus miembros son combatientes enemigos que pueden ser atacados", señaló al mismo medio Robert K. Goldman, profesor del College of Law de la Universidad de Washington.

Goldman cree que su Gobierno "tiene argumentos sólidos basándose en la doctrina de defensa propia". Para Anthony Dworkin, sólo son legítimos si se acepta "que se trata de una guerra genuina. Que la persona contra la que se dirigen es claramente miembro de un grupo terrorista. Que no se utiliza fuerza desproporcionada y se evitan víctimas civiles".

Pero, como dijo Dworkin, las fronteras son difusas. Un ataque en un país sin declaración de guerra viola el artículo 2 de la Carta de la ONU y, aunque cuente con una autorización oficial, el asunto es siempre delicado. ¿Qué ocurrirá cuando no haya evidencias tan claras como en el caso de Yemen? ¿Y si hay víctimas colaterales? La prueba de que no se trata de un asunto sencillo es que, hasta ahora, EE UU ha condenado los asesinatos selectivos que Israel lleva a cabo contra militantes palestinos.