Los presupuestos como fatalidad
Empeñados el lehendakari Ibarretxe y los socios del Gobierno vasco en encontrar la fórmula mágica que solucione el Problema por antonomasia y nos traiga de paso la paz, la necesidad de disponer de unos Presupuestos debidamente aprobados parece antojárseles una tarea menor, secundaria. En otros países que nos llevan varios pueblos de ventaja en tradición democrática, la imposibilidad de sacar adelante en el Parlamento los Presupuestos es motivo de dimisión del Ejecutivo. Porque la ley presupuestaria encierra la concreción anual de su programa de gobierno, el libreto que ha de guiar su actuación y según el cual ha de juzgarlo la oposición y la ciudadanía.
Desde 1999 el trámite presupuestario se ha convertido para los gobiernos presididos por Ibarretxe en un engorro, en un mal trago que hay que pasar como sea: prorrogando las cuentas del año anterior sin llegar a presentar siquiera el proyecto obligado para el nuevo ejercicio (2000) o recurriendo a una interpretación retorcida del Reglamento de la Cámara vasca para impedir que la oposición devolviera el proyecto de 2002. Es decir, trampeando. Los resultados son conocidos: en el primer caso, el incumplimiento de la ley; en el segundo, un engendro legislativo recurrido por el Gobierno central al Tribunal Constitucional y sometido a varios remiendos posteriores, que el profesor Andoni Pérez Ayala bautizó certeramente como el "OJNI" (Objeto Jurídico No Identificado).
En muchos países, la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos es motivo de dimisión del Ejecutivo
Se acerca el momento clave del debate parlamentario del proyecto de Presupuestos para 2003 y no parece que el Gobierno haya tomado en consideración las dos experiencias anteriores. Seguramente porque hacerlo le supondría reconocer que carece de la mayoría suficiente para seguir gobernando como si de hecho la tuviera. El tiempo ha confirmado que la aportación de Izquierda Unida a la gobernabilidad -concepto muy estimado en un pasado no muy lejano por el PNV- era la que ya se suponía al principio de la legislatura, casi nula. Javier Madrazo y su equipo se esfuerzan en teñir de rojo la acción del Gobierno tripartito. Pero la función para la que el lehendakari les abrió las era muy simple: servir de coartada para negar la evidencia de que la política de su Gobierno y su propuesta de libre adhesión se mueve en las claves ideológicas nacionalistas del PNV y EA.
Quizá porque se vio en el brete de perder el poder, la coalición PNV-EA ha sobrevalorado los resultados del 13 de mayo de 2001. Fue una victoria importante por inesperada, pero no le otorgó la mayoría absoluta en el Parlamento. Y la voluntad "ética" de Ibarretxe de no atraerse activamente los votos de Batasuna -renuncia en la que le antecedieron el PSE y PP-, no conjura las coincidencias pasivas en las votaciones, de las que los partidos del Gobierno se han aprovechado hasta más allá de la sospecha. La forma de evitar esas casualidades, que en el rechazo a los Presupuestos se producen de forma natural -nada más razonable que disgusten a Batasuna por quedarse cortos en su alcance soberanista, y a socialistas y populares por pasarse- es clara y sencilla. Basta con conseguir una mayoría parlamentaria estable y suficiente, bien mediante un gobierno de coalición o un pacto de legislatura con las fuerzas que garanticen 38 escaños en la Cámara, o bien negociando los apoyos caso por caso. Lo contraindicado es no hacer ni lo uno ni lo otro y torcer la lógica política hasta el absurdo. Hasta el punto de que los partidos del Gobierno (36 escaños en el Parlamento) reclamen a los de la oposición (39 escaños) que les dejen gobernar a su aire, como si de hecho tuvieran la mayoría absoluta; porque para eso, arguyen, fueron la opción más votada el 13-M. Está a la vista que el enconamiento político no propicia un posible acuerdo del Ejecutivo tripartito con el PSE o el PP para que apoyen los Presupuestos, pero lo cierto es que ni siquiera se ha intentado medianamente en serio: ni antes de presentar el proyecto, como procedería, ni después. Sin embargo, el mismo PNV, aunque con otras personas, ha hecho ese esfuerzo en las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, aquejadas de similares problemas de gobernabilidad.
Un publicista afín al Ejecutivo vasco, en un artículo reciente, daba una solución a la cuestión presupuestaria tan extravagante como favorable a los colores de casa. Si socialistas y populares fueran consecuentes con su compromiso de no contar con Batasuna, explicaba, "les bastaría con que tres de sus miembros dejaran de asistir al Pleno para dejar fuera de juego a la formación de Otegi". En otras palabras, que el esfuerzo para conseguir la gobernabilidad debe realizarlo la oposición en beneficio del Gobierno. Lo inquietante es que entretanto corren los plazos y unos y otros se abandonan, resignadamente, al destino fatal que se han ido construyendo.
Al Gobierno, a estas alturas, le quedan pocas salidas, y ninguna buena. Malo sería repetir hasta el final la deplorable función del año pasado, que dejó maltrechas la imagen del Parlamento vasco y la ecuanimidad de su presidente, Juan María Atutxa, y hecha unos zorros (un OJNI) la presunta ley de Presupuestos. Y también malo, proceder a una nueva prórroga que terminaría de convertir en un caos de alegalidad el estado presupuestario de la comunidad autónoma. Pero así de ilusionantes están las cosas.
