"No pretendemos recuperar competencias"

La ministra de Sanidad, Ana Pastor, ha tardado poco más de cuatro meses en elaborar el proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que ayer fue aprobado por el Consejo de Ministros. Pero la nueva norma, que debe poner orden en la sanidad española tras consumarse su descentralización, ha despertado recelos en comunidades que llevan años gestionándola, y empieza su tramitación casi un año después del final del proceso de transferencias a las autonomías.

Pregunta. Esta ley, ¿no llega tarde?

Respuesta. Se podría haber hecho antes, pero éste es un buen momento. Una vez finalizadas las transferencias es bueno reflexionar sobre lo que quieren los ciudadanos, que tienen derecho a que se les preste la asistencia sanitaria por un sistema que sea accesible a todos y que tenga unas prestaciones homogéneas. También

"Nos tenemos que poner todos de acuerdo. En Sanidad, avanzar es acordar, consensuar"

"Si se establece que hay embriones congelados no viables, se podrán usar en investigación"

tienen derecho a moverse por el territorio nacional sin que se le ponga ninguna traba.

P. ¿Cómo corregir las desigualdades que, de hecho, ya se dan?

R. La obligación de los poderes públicos es dar a los ciudadanos una igualdad efectiva en el derecho a las prestaciones. Igual salud no podemos tener, porque cada individuo tiene predisposición a tener uno u otro tipo de patologías, que viene dado por los hábitos de vida, ...

P. ...eso no es...

R. ... no me voy de la pregunta. Otra parte tiene que ver con el sistema sanitario. Los poderes públicos tenemos que garantizar que ante la misma necesidad se dé a todos los ciudadanos el mismo recurso.

P. ¿Qué papel se reserva el ministerio en esta Sanidad descentralizada?

R. El ministerio tiene unas competencias que le atribuye la Constitución y que están en la Ley General de Sanidad de 1986. Alguien ha dicho que ahora pretendemos recuperar competencias. Al contrario. La ley da a las comunidades autónomas más participación. Podrán participar en la Agencia de los Medicamentos, en la Comisión de Recursos Humanos. Estarán presentes, por tanto, en la toma de decisiones.

P. La ley crea también nuevos órganos de control, lo que ha llevado a algunas comunidades a decir que se pretende vigilarlas.

R. La ley tiene dos partes principales.

Una recoge los derechos de los ciudadanos (los servicios, prestaciones). Y otra de instrumentos, que son los órganos de la cohesión. Éstos permitirán tener un buen sistema de información compartida, evaluar la calidad, elaborar conjuntamente guías de prácticas clínicas. Son instrumentos de coordinación, no de imposición o de vigilancia.

P. Sobre listas de espera usted propone ahora establecer criterios comunes, pero el proyecto de ley prevé plazos máximos. ¿Por qué esta discrepancia?

R. El comité de expertos de listas de espera, que incluye representantes de las comunidades autónomas, ha hecho unas recomendaciones. La primera es que hay que velar por que los criterios para priorizar patologías sean homogéneos y explícitos, conocidos por todos. Estamos pendientes de determinar si se ponen días exactos de espera en el decreto de mínimos porque

algunas comunidades entienden que eso lo deben determinar ellas.

P. El catálogo de prestaciones de la ley incluye la salud mental, la bucodental y la sociosanitaria. ¿Cómo se regulará?

R. Creemos que el catálogo ha

de tener rango de ley. Pero eso luego hay que desarrollarlo. Cuando se dice que hay derecho a tratamientos de salud mental se ha de precisar si se da terapia de grupo, etcétera. Los ciudadanos ya reciben atención mental, bucodental o sociosanitaria, pero ahora no está recogido en ningún sitio como derecho.

P. Pero las reciben de manera limitada.

R. Se está dando de manera diferente, que es lo que me preocupa. Lo que se ha de determinar con claridad es la cartera de servicios. Nos vamos a tener que poner todos de acuerdo porque en sanidad avanzar es acordar, consensuar.

P. ¿Quién pagará las nuevas prestaciones, la Administración central o las comunidades?

R. Tenemos un modelo de financiación establecido por ley en diciembre de 2001 que prevé que se transfiera a las comunidades autónomas un dinero cada año sobre unos criterios que se acordaron. El modelo establece también que la cantidad aumentará cada año al menos el porcentaje del PIB nominal, y las comunidades pueden destinar más dinero si les parece oportuno. Lo que hay que ver es hasta dónde podemos llegar con estos recursos.

P. El porcentaje del gasto sanitario con relación al PIB es de los más bajos de la UE y está estancado desde mediados de los noventa. ¿No es el momento de ser más ambiciosos?

R. En términos de eficiencia, nuestro sistema sanitario tiene unos indicadores mejores que algunos países europeos que destinan un punto más de PIB que nosotros. Lo que quiero subrayar es lo mucho que está creciendo el gasto sanitario, que ha alcanzado los 30.000 millones de euros. Además hay comunidades que van a crecer el 11%.

P. ¿No habrá más financiación si aumenta el catálogo?

R. Este sistema cohesionado y de calidad que ponemos encima de la mesa con la nueva ley tiene cabida con el sistema de financiación de que disponemos.

P. La ley no apuesta por una gestión pública o privada de la sanidad. ¿Va a

potenciar la privada?

R. No hay modelos perfectos. La ley prevé una Agencia de Calidad y un Observatorio del sistema. Por lo que vamos a velar es por la eficiencia de los modelos, fijando indicadores y estándares de los servicios. Lo que hay que hacer es una reflexión permanente sobre mejoras.

P. En las últimas semanas se ha reunido con consejeros autonómicos, partidos y asociaciones profesionales para consensuar la ley, ¿ha introducido ya cambios en el proyecto?, ¿habrá más durante la tramitación en las Cortes?

R. Ha habido bastantes cambios en este periodo. Uno no llega a consensos porque es muy majo, sino porque acepta propuestas de los demás. Durante la tramitación en las Cortes habrá que meter más cosas.

P. ¿Ve posible algo próximo a la unanimidad parlamentaria?

R. Sería bueno que los ciudadanos percibieran que las sensibilidades de todos los partidos son las mismas cuando se trata de mejorar la salud de los ciudadanos. Y creo que los partidos son conscientes de que debe ser así.

P. El pacto para la contención del gasto farmacéutico se firmó hace un año, pero la factura no deja de crecer. ¿Prevé cambios?

R. Lo que tenemos que hacer es mejorar el pacto en la medida de lo posible, y que sea un acuerdo con las comunidades autónomas. Cada año vamos metiendo al sistema medicamentos nuevos. Eso quiere decir que tenemos que ser capaces de darle a los ciudadanos todos los medicamentos, desde el primero al último.

El objetivo del Ministerio es que el gasto farmacéutico crezca como conjunto del gasto sanitario.

P. ¿Hay alguna medida concreta para ello?

R. Una medida que me gustaría poner en marcha es ajustar la dosis clínica del medicamento que se entrega a los ciudadanos. Queremos que no haya ningún tipo de desperdicio, sobre todo en materia de antibióticos.

P. Pero con el envejecimiento de la población y el aumento del uso preventivo de medicamentos, la factura puede ser imparable.

R. Pasa lo mismo que con las prestaciones: tiene que haber una armonía entre lo que uno necesita y los recursos que tiene. Y si no, hay que buscar todos los resortes posibles para contener ese gasto. Por otro lado el precio medio de las recetas este año ha crecido alrededor de un 2%. Lo que ha crecido mucho es el número de recetas. Tenemos que ver si realmente eso se corresponde con un buen uso del medicamento.

P. ¿Podría llegar a implantarse el copago para los jubilados?

R. No. Antes que eso tenemos muchas cosas para ser más eficientes. Nuestra gente mayor no va a pagar los medicamentos.

P. Un tema polémico con el que se ha encontrado ha sido la petición de investigar con con células madre embrionarias. ¿Va a permitirlo?

R. Este ministerio, que es el ministerio de la salud, está a favor de todos los progresos en la investigación que tengan repercusión en las mejoras de los tratamientos. En la última reunión del Comité de Reproducción Humana Asistida se ha creado una ponencia para que se haga un registro de embriones congelados. También hay que estudiar

la descongelación de embriones. Si se establece que algunos de esos embriones son no viables, se podrían usar inmediatamente . El Comité de Ética [del Ministerio de Ciencia y Tecnología] también dictaminará un informe el primer trimestre de 2003. A la luz de todo eso, nosotros avanzaremos. Lo que no podemos los ministros es

ir por delante de los científicos.

P. Últimamente hay muchas operaciones contra la llamada parafarmacia (hierbas medicinales, Bio-Bac). ¿Tiene relación con el cambio de titular del Ministerio?

R. Eso no es una cosa de ahora. En los últimos dos años se han retirado unas 300 sustancias que no eran medicamentos. En España sólo están autorizadas aquellas sustancias que sirven para diagnosticar, para prevenir, para aliviar o para curar, y que se demuestre que valen. El medicamento además es el que prescriben los médicos y el que dispensan las farmacias. El que no cumple eso no es un medicamento. Y esto es lo que hay.

P. Por último, como gallega, ¿qué opina de la situación creada por la marea negra del Prestige?

R. Para Galicia es un problema muy importante en el que todos los que tenemos responsabilidades en que este desastre haya ocurrido tenemos que arrimar el hombro y trabajar. Yo lo que quiero es que se vaya recuperando la normalidad.