La crisis entre Educación y el rector hace peligrar la situación económica de la UPV

Las relaciones entre el Departamento de Educación y el rector de la Universidad del País Vasco (UPV), Manuel Montero, atraviesan su momento más crítico desde que éste accediese al cargo en marzo de 2000. La negativa del departamento a financiar el déficit que arrastra la institución universitaria es la principal causa de esta crisis. Al menos, así lo certifica el departamento, que rechaza cualquier tipo de motivación política en su enfrentamiento con el rector.

Según el Gobierno, la deuda de la UPV, que el año pasado ascendió a casi seis millones de euros por el pago del complemento de productividad del profesorado, se debe exclusivamente a la mala gestión del rector y de su equipo. Esa cifra aumentará otros seis millones más por los complementos correspondientes a este año.

El departamento sostiene que la concesión de esos complementos fue decidida por la institución académica de forma unilateral. Además, puntualiza que no está en contra del complemento como tal, pero sí de su adjudicación sin atender a ningún tipo de criterio.

Montero respondió ayer con un severo aviso a la negativa de la consejera de Educación, Anjeles Iztueta, a cubrir el déficit. "La situación financiera de la UPV es extremadamente precaria", advirtió el rector. La causa, según su equipo, no hay que buscarla en la mala gestión de quienes él comanda, tal y como acusa el Gobierno vasco. "El departamento ha generado un escenario falso de mala gestión universitaria, una imagen transmitida interesadamente a la opinión pública que en ningún modo aceptamos", deploró Montero, quien ofreció una rueda de prensa en el campus de Leioa rodeado por los principales miembros de su equipo.

La decisión de la consejera de no sufragar el déficit pilló por sorpresa a los responsables universitarios, quienes confiaban en la intermediación del propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, ante la consejera para resolver la cuestión de una manera satisfactoria para las dos partes.

El rector argumentó que la UPV tan sólo cuenta con una subvención ordinaria, condicionada de forma permanente por la prórroga desde 2000 de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Añadió que la universidad pública "no ha gozado de las compensaciones financieras que, por ese motivo, sí han disfrutado todas las demás instituciones y organismos dependientes del Gobierno vasco, incluso otros sectores de la comunidad educativa".

Esta situación explica, en opinión del equipo rectoral, el déficit acumulado por el pago de los complementos, una medida para la que ya se definió en 2000 una partida inicial de tres millones de euros, correspondientes al último cuatrimestre de ese año, y que no fue ampliada por la prórroga presupuestaria. De hecho, agregan, el actual viceconsejero de Universidades, Jon Barrutia, tuvo un papel activo en el diseño de los complementos como vicerrector de Asuntos Económicos en el mandato del antecesor de Montero, Pello Salaburu.

Acusaciones "falsas"

Por todo ello, el equipo rectoral asegura sentirse "estafado" por la actuación de la consejería, caracterizada por acusaciones "falsas" y filtraciones "interesadas". "La UPV ha mantenido una posición de transparencia absoluta en cuanto a su gestión académica y financiera, bordeando incluso la transgresión del principio de autonomía universitaria en su celo por hacer partícipe al Departamento de Educación de su gestión, de su organización y de su trabajo", recalcó Montero.

Las medidas definitivas se abordarán y se analizarán en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la UPV que, según fuentes del rectorado, se celebrará el próximo miércoles.

Populares y socialistas consideran que la decisión de la consejera de no cubrir el déficit es un "castigo político" porque Montero no es "nacionalista", Los sindicatos CC OO y UGT tildaron de "inaceptable" la postura de Anjeles Iztueta.