El FMI plantea a España que suprima las cláusulas salariales y recorte las pensiones
El crecimiento será del 2% este año y del 2,5% en 2003, por debajo de la previsión oficial
El Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha sumado a la batalla contra las cláusulas de garantía salarial emprendida por el Ministerio de Economía y el Banco de España. En su informe anual sobre la economía española, el FMI pide que se supriman estas cláusulas, por ser la "herencia de un pasado inflacionista". Da un aprobado alto a España, pero con un suspenso en inflación y una nueva advertencia sobre las pensiones. Recomienda que se alargue la vida laboral y que la pensión dependa más de lo cotizado. El FMI sitúa el crecimiento en el 2% este año y en el 2,5% en 2003, por debajo de la previsión del Gobierno, con riesgos por el endeudamiento de las familias, el mercado inmobiliario y Latinoamérica.
Los informes del Fondo sobre España suelen decir lo que no se atreven a defender públicamente los distintos Gobiernos. En esta ocasión no ha sido así. En las conclusiones preliminares que servirán de base para el informe anual de la economía española, publicadas ayer, el FMI defiende la supresión de las cláusulas de revisión de los salarios, después de que el Banco de España y el Ministerio de Economía hayan insistido mucho últimamente en la idea.
El FMI considera que esas garantías son "la herencia de un pasado inflacionista" y que, como tal, deben desaparecer. El secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, insistió ayer en que las cláusulas "no tienen sentido", son "un obstáculo para la competitividad y la creación de empleo" y "no existen en ningún otro país de la unión monetaria". En la actualidad el 74% de los trabajadores con convenio tienen cláusula de revisión salarial. Este año surtirá pleno efecto ya que la inflación cerrará el año en torno al 4%, el doble de la previsión oficial.
Las conclusiones del FMI se producen como resultado de una reciente visita de expertos de la institución a España. Las entrevistas con altos cargos de la Administración y organismos privados se han realizado después de la retirada por parte del Gobierno de los aspectos más duros del llamado decretazo. Pese a ello, el FMI cree "acertado" que se ponga énfasis en los incentivos para que los parados acepten un empleo, dado que en España la tasa de paro dobla la media de la UE.
Insiste, en coincidencia también con Economía y el Banco de España, en la necesidad de cambiar las reglas del juego de la negociación colectiva. Una de las propuestas consiste en la supresión de la ultraactividad de los convenios (supondría partir de cero cada vez que se aborda un nuevo convenio) porque, a juicio del FMI, es un elemento que "empobrece" la negociación. También plantea que los salarios puedan ser diferentes dentro de un mismo sector y según regiones, para tener en cuenta el nivel de desempleo.
La preocupación por las pensiones es otra de las constantes en los informes del FMI. El de este año admite que la situación no apremia gracias, sobre todo, al "continuo flujo de inmigrantes". Pero recomienda la adopción "gradual" de medidas para evitar realizar "ajustes importantes en el futuro". Entre esas medidas estarían suprimir los incentivos a la jubilación anticipada y que la cuantía de la pensión dependa más de lo que se ha cotizado. Guindos evitó decir sí o no a esas medidas, que están "en la línea de las decisiones adoptadas hasta ahora" y "en un ambiente de diálogo que hay que mantener".
Por lo demás, el FMI da un aprobado alto a la actual política económica, aunque sus previsiones son un poco menos optimistas. Sitúa en el 2% el crecimiento para este año, dos décimas menos que el Gobierno, y en el 2,5% para el año próximo, medio punto menos. Los principales riesgos son el alto endeudamiento de las familias, una corrección de los precios de las viviendas, o un agravamiento de la situación en Latinoamérica. Alaba el déficit cero, aunque considera que un 0,25% del PIB de números rojos sería asumible este año. Cuando la recuperación cobre fuerza, habría que aspirar a un superávit, que sería del 0,5% del PIB a medio plazo.
El suspenso viene por el lado de la inflación. El FMI insiste en la moderación salarial y en que, a pesar del periodo preelectoral que se inicia, no se abandonen las reformas estructurales. Da un toque de atención a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para que sean "corresponsables" en la lucha contra la inflación a través de sus competencias. En concreto, hace referencia al sector comercial, la regulación de suelo y las políticas de competencia.
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