El cura desobediente y la derecha desestabilizadora

Cuando el dinero habla, la verdad calla. Este proverbio chino ejemplifica la polémica que rodea a Cajasur desde que el Partido Popular, con la complicidad del presidente de la entidad, el cura Miguel Castillejo, vio en ella una nueva oportunidad para intentar dinamitar la solvencia y el prestigio del sistema financiero andaluz. El escándalo en que ha metido a Cajasur ya es insoportable. Todo lo demás son cortinas de humo y la defensa desesperada de privilegios y prebendas. Don Miguel, auténtico poder fáctico en Córdoba, disfraza de ataques contra la Iglesia de Roma lo que simplemente es la respuesta democrática a una gestión personalista de dudosa moralidad; ante una evidencia que provoca bochorno y sonrojo a la inmensa mayoría de los cristianos, Castillejo se descuelga por la pendiente del victimismo por la reacción de los mecanismos que el Estado de Derecho proporciona para hacer frente a una conductas reprobable. Es un despropósito enmascarar de agresión contra la fe católica el deber estatutario de la Junta de Andalucía de legislar y tutelar el sistema financiero.

La historia reciente pone a cada uno en su sitio. El Gobierno autonómico ha dado buena muestra de su colaboración con la jerarquía eclesiástica: el convenio de cesión del Palacio de San Telmo como sede de la Presidencia, la restauración del patrimonio histórico eclesiástico, los conciertos educativos con centros regentados por órdenes cristianas, la fusión de las dos cajas cordobesas, la propia Ley de Cajas andaluza que reconocía la singularidad de Cajasur... Las relaciones entre la Iglesia y la Junta son tan satisfactorias que en la escuela diplomática vaticana se ponen como ejemplo, como paradigma de lealtad y de buena convivencia. La deslealtad con que se mueve Castillejo entra en franca contradicción con los logros de años de colaboración armoniosa y fructífera entre la autoridad religiosa y las instituciones autonómicas.

Ni la Junta, ni el PSOE de Andalucía, ni un sector cada vez más mayoritario de la ciudadanía cordobesa y andaluza están en contra de la Iglesia, sólo quieren que se ponga freno al comportamiento cínico e impropio de un sacerdote metido a magnate de las finanzas. Don Miguel es un pro-blema, un lastre para la estabilidad de la caja. La Conferencia Episcopal no puede dar la espalda al clamor de la sociedad andaluza. Resulta elocuente cómo ha calado en la opinión pública la impudicia de la multimillonaria pensión de Castillejo. Este sustancioso retiro es una inmoralidad, un insulto para la inteligencia, pero sobre todo es una burla de los preceptos sobre los que reposa la doctrina cristiana. En la manifestación del pasado domingo por la restitución del Plan de Empleo Rural (PER) y el subsidio agrario, los responsables de los sindicatos no pasaron por alto la ofensa para los trabajadores del campo que supone la cuantiosa póliza de jubilación.

Por si fuera poca provocación, Castillejo ha lanzado un nuevo desafío a la jerarquía católica. La decisión del consejo de administración de Cajasur de acogerse a la Ley Financiera promovida con urgencia, nocturnidad y alevosía por el Gobierno del PP es una doble traición. Traición a Andalucía porque esta normativa atenta contra el Estatuto de Autonomía, ya que hurta a la comunidad una competencia que tanto costó conseguir en la lucha por la autonomía plena. También traición al pacto entre el Arzobispado y la Diputación Provincial para la fusión de las dos entidades cordobesas, que situó a Cajasur como segunda entidad financiera regional. Movido por intereses inconfesables, Don Miguel actúa conforme a una estrategia política diseñada conjuntamente con el PP, partido que continúa con su política de hostigamiento al sistema financiero andaluz tras su sonoro fracaso en la renovación de los órganos de gobierno de las cajas con sede en Sevilla.

El obispo de Córdoba ha entrado oportunamente en la polémica, ha puesto el dedo en la llaga. Primero, recordando a Castillejo el voto de pobreza que debe presidir la vida de todo clérigo por muy alta representación que desempeñe; segundo, apelando al diálogo como vía idónea para alcanzar soluciones pactadas al conflicto y, por útimo, planteándole que no procediera a la reforma de los estatutos. Sus advertencias, no obstante, han caído en saco roto. Don Miguel y sus canónigos de cámara han ejecutado sin temblarles el pulso al cambio de las normas que rigen Cajasur. En una nueva muestra de ostentación de su poder, el consejo de administración ha consumado la expropiación de la entidad a la sociedad cordobesa y andaluza por razones ciertamente espurias. ¿Qué pasó con el voto de obediencia, de obligado cumplimiento para un sacerdote?

La operación de Cajasur es idéntica la diseñada por el PP en El Monte y en Caja San Fernando, con diferentes actores y una estrella invitada más: el Gobierno de la nación, que ha dado carta de naturaleza, rayando la prevaricación, en la Ley Financiera a los propósitos del PP y don Miguel. El guión es mimético al del conflicto de las cajas sevillanas: un presidente de entidad con intereses personales que defender y un partido conjurado en reventar el sistema financiera andaluz. Castillejo no es más que el representante en Cajasur de la jerarquía eclesiástica, a la que debe obediencia por sus votos sacerdotales y por sentido común, al igual que los defenestrados presidentes de las cajas sevillanas fueron elegidos por perteneder a un partido y se debían a su disciplina.

Entre todos tenemos que evitar el expolio de CajaSur. Castillejo y el PP están dando los primeros pasos para llevarse de Córdoba a la entidad, después vendrá la privatización y venta al mejor postor bancario de un patrimonio de todos los cordobeses y cordobesas. Este "saqueo", impulsado por Don Miguel en connivencia con el Gobierno de la nación, no puede dejar a nadie indiferente. O se está con el secuestro de la caja o, por el contrario, se está con el compromiso con Andalucía y la permanencia de Cajasur en Córdoba. La verdad tiene que imponerse finalmente al dinero.

Luis Pizarro Medina es secretario de Organización del PSOE de Andalucía