Canarias pide ceder a los obispos la contratación de los docentes de religión

"El dedo del obispo los pone, el dedo del obispo los quita. Por cumplir la ley es por lo que estamos en este follón". Este lamento del consejero de Educación del Gobierno de Canarias responde por la larga serie de sentencias cosechadas por su Consejería tras despedir a decenas de profesores de religión católica enviados al paro a petición de los prelados. Coalición Canaria pidió ayer en el Senado, sin éxito, la reforma del polémico sistema.

La enmienda que los senadores de Coalición Canaria querían introducir en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación coincide con una nueva sentencia de un juzgado de lo Social de Las Palmas, que condena al Gobierno canario a reponer en su puesto y en sus cargos a un profesor tratado injustamente. Es la octava sanción judicial que cosecha el Ejecutivo de esa comunidad, al que, en esta concreta ocasión, el magistrado Lino Román Pérez reprocha mala fe, temeridad y empecinamiento. La postura de la Consejería "no es de recibo" y está "rayando en la temeridad", dice el juez.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, harto de tener que confirmar o revisar resoluciones de este tenor, ha elevado al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el propio proceso de selección del profesorado de catolicismo en la escuela pública, que emplea a 18.000 personas escogidas por los obispos y contratadas por el Estado.

Las concesiones de Rajoy

El Gobierno canario ya anunció en junio pasado en el Parlamento de esa comunidad su propósito de pedir al Ejecutivo central, del que es socio parlamentario, la reforma profunda de un sistema de selección de docentes que le está costando cientos de miles de euros en indemnizaciones y un gran desgaste político. "No estamos hablando de profesores que han accedido [al trabajo] después de un proceso selectivo. Estamos hablando de personas que reciben la missio canónica por parte de los obispos: el dedo del obispo los pone, el dedo del obispo los quita. El problema que se está suscitando en toda España, y no sólo en Canarias, es que la designación es eclesiástica y que el contrato es de la Administración, lo que produce contradicciones en muchas ocasiones insalvables", dijo en el Parlamento el consejero de Educación, José Miguel Ruano. "Por cumplir la ley es por lo que estamos en este follón, porque realmente es un follón y está ocurriendo en toda España", añadió.

Aunque el Gobierno canario ha cosechado un número de reproches judiciales superior a otras comunidades, los despidos de profesores de religión por causas como casarse por lo civil, dar a luz durante el curso escolar o irse de copas con los amigos se han producido en numerosas provincias, en medio de una polémica que ha alcanzado al Ejecutivo central y provocado agrios debates en las Cortes.

Lo que reclama el Ejecutivo de Coalición Canaria es librarse de la responsabilidad de los contratos y volver a un sistema parecido al que en su momento aceptaron los obispos bajo los gobiernos de UCD y del PSOE: la Administración del Estado se limitaba entonces a entregar a los obispos las cantidades necesarias para pagar a ese profesorado de catolicismo, reducido así a la mera condición de catequista seleccionado cada año por el episcopado, encargado también de sus salarios.

Pero desde hace cuatro años es la Administración del Estado quien contrata y paga a esos profesores de religión "propuestos en cada curso por el Ordinario [obispo] del lugar", reza el convenio sobre el régimen económico-laboral de esos docentes firmado el 26 de febrero de 1999 por el Gobierno del PP y la Conferencia Episcopal. El documento lleva, entre otras firmas, la de Mariano Rajoy, como ministro de Educación. Hoy es el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Aznar.

El nuevo sistema fue muy alabado por los prelados, pero pronto se vio que aquella precipitada reforma de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), socialista, generaría grandes conflictos laborales. Otro motivo de polémica fue que el PP hizo la importante modificación mediante una Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, que acompañaba a la Ley de Presupuestos de 1999.

La enmienda presentada ahora por Coalición Canaria en el Senado ha sido rechazada con los votos del PP [los socialistas tampoco la apoyan, pero por razones totalmente opuestas]. En realidad, la Ley de Calidad va en la dirección contraria a la que desearía toda la oposición: no sólo consagra el modelo de contratación laboral concedido por Rajoy a los obispos, sino que también eleva el rango de la asignatura de religión y la de su alternativa mediante la creación de "un área de Sociedad, Cultura y Religión" de oferta obligatoria y un rango académico ajustado a las exigencias del episcopado español.