El Gobierno vasco reconoce a las parejas homosexuales el derecho a la adopción
Las uniones de hecho no tendrán que acreditar un tiempo de convivencia para registrarse
El Gobierno vasco aprobó ayer su proyecto de Ley de Parejas de Hecho, que permite a las uniones formadas por homosexuales adoptar niños. Tan sólo la ley navarra recoge esta medida, pero ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP, que alega que este tipo de normas es competencia exclusiva del Congreso. La norma, que será votada por el Parlamento vasco el año que viene, equipara a las parejas de hecho con los matrimonios en ayudas públicas, ventajas fiscales, indemnizaciones, sucesiones y en derechos laborales si se trata de funcionarios.
El consejero de Asuntos Sociales del Gobierno autónomo y principal responsable del proyecto, Javier Madrazo, de IU, solventó la falta de competencias de la comunidad autónoma para regular la adopción emplazando al Gobierno a que respete la decisión del Parlamento y de la sociedad vasca que "defienden la plena igualdad entre todos los ciudadanos". "Hay que terminar con la discriminación que sufren algunas parejas por el mero hecho de estar integradas por dos hombres o dos mujeres", recalcó Madrazo.
El proyecto ve la luz con un retraso de más de dos años con respecto al plazo que el Parlamento vasco concedió al Gobierno autónomo por medio de una proposición no de ley. La aprobación de esta ley es un compromiso incumplido de la legislatura pasada, cuando Eusko Alkartasuna, partido que dirigía Asuntos Sociales, elaboró un borrador. Pero nunca lo envió a la Cámara de Vitoria por las diferencias con su socio en el Ejecutivo vasco, el PNV. Ese documento inicial ya preveía la adopción de niños por parte de las parejas homosexuales. Ahora, vencidas todas las reticencias, el proyecto de ley recalará en el Parlamento vasco, donde le espera la oposición formada por PP, PSE y Batasuna.
De momento, los socialistas ya han adelantado que tratarán de "mejorar" el proyecto todo lo que se pueda para lograr una equiparación efectiva entre las parejas de hecho y los matrimonios.
El proyecto no prevé el matrimonio ni incluye nada en cuanto a prestaciones de la Seguridad Social o pensiones de viudedad, asuntos que exigen una amplia reforma legal que sólo puede aprobar el Congreso de los Diputados. El consejero Madrazo hizo un llamamiento al Gobierno para que regule sobre estos campos y remueva así cualquier obstáculo.
Junto a la adopción, el Gobierno vasco también recoge en su iniciativa la posibilidad de que las parejas de hecho puedan acoger niños, una figura sobre la que sí tienen competencia las demás comunidades autónomas.
El documento recoge la creación de un registro de parejas de hecho para toda la comunidad, que estará conectado con los municipales y con el Registro Civil. Frente a la exigencia de otras normas autonómicas de acreditar un determinado tiempo de convivencia para poder registrarse, el Ejecutivo vasco no pedirá ningún plazo.
El ex alcalde de Vitoria, el nacionalista José Ángel Cuerda, inauguró en Vitoria el primer registro de parejas de hecho de España en 1994. Con el paso de los años, varios municipios se han sumado, aunque, sin una norma que les dé cobertura legal, su valor es simbólico. Más de 2.000 uniones de hecho se han inscrito en estos servicios de las alrededor de 20.000 que existen en Euskadi.
Régimen económico
El proyecto de ley vasco contempla, gracias a las competencias que tiene asumidas la comunidad con un régimen fiscal propio, la equiparación de las parejas inscritas en los diferentes registros, ya sean del mismo o distinto sexo, con los matrimonios en ayudas públicas, ventajas fiscales, indemnizaciones, sucesiones y en derechos laborales si se trata de funcionarios.
La pareja que se registre podrá pactar en un documento público o privado los derechos y obligaciones personales y patrimoniales a los que se compromete cada miembro. En el caso de que no se produjera este pacto, la futura ley recogerá que se abone una compensación económica al miembro de la pareja que resulte más desfavorecido en el caso de ruptura. Si uno de los integrantes queda incapacitado, tendrá prioridad en su tutela el otro miembro de la pareja.
Javier Madrazo resaltó la idea de que el proyecto de ley no ha sido elaborado por "expertos", sino que han sido los colectivos sociales los que han contribuido de una manera decisiva a su gestación. Tal vez por eso, la Asociación de Gays y Lesbianas del País Vasco expresó ayer mismo su satisfacción por el tono del texto aprobado.
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