Un grupo de presos de Guantánamo demanda al Gobierno de EE UU

Un grupo de prisioneros en Guantánamo está desafiando al Gobierno de EE UU pidiéndole que les acusen de algo para así poder defenderse. Son 12 kuwatíes, dos australianos y dos británicos que, al igual que otros 600 "combatientes ilegales" detenidos en esa base, permanecen incomunicados desde enero. Un tribunal federal de apelaciones comenzó ayer a estudiar su recurso, pero, según los juristas, hay escasas probabilidades de que fallen a su favor.

Los detenidos tienen en su contra una sentencia previa que ratificaba el argumento del Departamento de Justicia, según el cual al no estar en territorio de EE UU no les amparan las garantías recogidas en la Constitución y, además, al haber sido clasificados como "combatientes ilegales", tampoco pueden invocar la Convención de Ginebra. En otras palabras, están en un callejón sin salida, al que la juez Colleen Kollar-Kotelly añadió otro obstáculo en agosto reconociendo el derecho del Pentágono en tiempos de guerra a detenerles indefinidamente sin la asistencia de un abogado.

"Según el Gobierno, no existe un tribunal en el mundo al que puedan apelar mis clientes. Están condenados en Guantánamo, el único lugar de la tierra donde EE UU ejerce total jurisdicción y control, un lugar al margen de la ley", afirma Joe Margulies, uno de los abogados contratados por las familias de los detenidos. Thomas Wilner, el otro defensor, subraya que su petición es muy modesta. "EE UU ha estado involucrado en muchas guerras, pero es la primera vez que se sacrifica la ley", añadió.

El fallo de la juez Kollar-Kotelly se fundaba en una decisión del Tribunal Supremo de 1950 que denegó el hábeas corpus a un grupo de alemanes capturados por EE UU en China y condenados en un tribunal militar por delitos cometidos en la II Guerra Mundial. Aunque la juez y el Departamento de Justicia equiparan la situación de los alemanes a la de los detenidos en Guantánamo, los abogados de éstos resaltan una diferencia crucial: los alemanes fueron acusados y pudieron defenderse en un juicio; los detenidos en la guerra contra el terrorismo, no.

Ninguno de los cerca de 600 detenidos (el Pentágono ya no revela la cifra exacta) ha sido acusado. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, admite que la prioridad es interrogarles, no tanto para sacarles nueva información sobre los planes de Al Qaeda como para corroborar la que dan otros detenidos en Pakistán o Afganistán.

La desesperación en la que se encuentran ha hecho que muchos intenten suicidarse en los últimos meses, aunque ninguno lo ha logrado. A la incertidumbre sobre su futuro se suma la situación de aislamiento en las celdas individuales. Sólo se pueden comunicar por carta con sus familiares. A través de esa vía los 16 que ahora apelan a los tribunales pidieron a sus familias que contrataran abogados.

El Gobierno sólo ha liberado a tres afganos y a un paquistaní de Guantánamo. De los 1.200 detenidos dentro de EE UU tras el 11-S, sólo quedan recluidos "cerca de 20", según confirmó ayer un portavoz del Departamento de Justicia, Jorge Martínez.