Doble resaca negra

LA DESCOORDINACIÓN y la escasa competencia mostradas por el Poder Ejecutivo y la Xunta de Galicia (dos instituciones cuyos máximos responsables son el actual presidente del PP y su presidente fundador) a la hora de afrontar las consecuencias del naufragio del Prestige han marchado en paralelo con la incapacidad de sus dirigentes para rendir cuentas ante la opinión pública y asumir sus responsabilidades parlamentarias. Desde esa perspectiva, la resaca negra de las 20.000 toneladas de fuel vertidas por el petrolero hundido el 19 de noviembre a 130 millas del litoral gallego no es sólo medioambiental, sino también política.

Al día siguiente de que Fraga escurriera el bulto en el Parlamento de Santiago para no responder claramente a las preguntas de la oposición sobre su vergonzante excursión cinegética mientras la marea negra comenzaba a polucionar el litoral gallego, José María Aznar se limitaba en el Congreso a responsabilizar a Neptuno del hundimiento del petrolero y a sostener contra toda evidencia que el Gobierno actuó "con una celeridad que no tiene parangón" y de forma "diligente y coordinada"; el jefe del Ejecutivo lanzó de paso una grosera y demagógica andanada contra el secretario general del PSOE, acusándole de "mercadear" con el dolor de los gallegos. Entretanto, Luis de Grandes, portavoz del PP en el Congreso, calificaba con su proverbial elegancia a los socialistas de "carroñeros" y anunciaba el veto de su grupo a cualquier comisión de encuesta sobre la catástrofe con la irrebatible petición de principio argumental de que "no hay nada que investigar", puesto que "no existe ninguna duda sobre los hechos".

El Gobierno se resiste a asumir sus responsabilidades por la descoordinación, tardanza e insuficiencia de las medidas adoptadas para afrontar el naufragio del petrolero ante el litoral gallego

Desde que el pasado 13 de noviembre el petrolero inició su agónico naufragio a 28 millas del litoral gallego hasta que se fue a pique seis días después mar adentro, la Administración central mostró una patética torpeza para adoptar decisiones, tomar medidas y coordinar esfuerzos, al tiempo que ofrecía una resistencia numantina a informar debidamente a la opinión pública. Los altos cargos ministeriales o autonómicos no tuvieron más preocupación que evitar su contaminación personal por la marea negra una vez que la deriva arrastrase al Prestige a escasas millas de la Costa de la Muerte. La ausencia de Aznar del escenario de la catástrofe era pronosticable no sólo por sus compromisos internacionales, sino también por su tendencia a no malgastar el tiempo en modestos asuntos terrenales. El ministro de Agricultura y Pesca se cubrió de gloria cuando descartó el día 16 la posibilidad de una catástrofe ecológica y exluyó cualquier amenaza para los recursos pesqueros; al igual que el ministro de Medio Ambiente, otro figurante del Gabinete, visitó la zona afectada con varios días de retraso. Menos previsible era la espantada del vicepresidente Rajoy, que presume de gallego profesional en sus sobreactuados momentos de ingenio. El paso a la clandestinidad del presidente de la Xunta adquirió un tono burlesco con su jesuítico ejercicio de restricción mental sobre la cacería toledana; el desmentido de Fraga remata dignamente una carrera iniciada como ministro de Propaganda de Franco.

Si el Gobierno dedica habitualmente considerables esfuerzos y recursos presupuestarios a difundir sus logros y a maquillar sus fracasos, la vocación del PP para la desinformación no es menor. El Ejecutivo manejó inicialmente el rumor de que Gibraltar era el destino del petrolero como un MacGuffin en las películas de Alfred Hitchcock; sin embargo, la posterior rectificación de la noticia por el Reino Unido le impidió echar la culpa de la marea negra al Tratado de Utrecht. Aznar recordó malévolamente a Zapatero la catástrofe del Mar Egeo, en 1992, con el incongruente propósito de desviar retrospectivamente las críticas hacia el Gobierno socialista; si el líder del PSOE le replicase con el recuerdo de las 40.000 toneladas de crudo vertidas por el Urquiola en 1976 cuando Fraga era vicepresidente del Gobierno de Arias, no cometería una ruindad menor.