Corrupción institucional

El conflicto que se está viviendo en Andalucía en este momento en materia de cajas de ahorros, del que es protagonista Cajasur, tiene su origen en la reforma de la Ley Financiera recientemente aprobada por las Cortes Generales. Se trata, por tanto, de un conflicto "importado", que únicamente está siendo posible por la extraordinaria deslealtad institucional del Gobierno y de la mayoría parlamentaria del PP.

La reforma de la Ley Financiera es un caso extremo de corrupción institucional. El proyecto de ley inicial ya fue criticado durísimamente por el Consejo de Estado al emitir su dictamen preceptivo, por ser una ley "omnibus", en la que se yuxtaponían tantas reformas de tantas leyes distintas, que resultaba muy difícil al final saber cual era el derecho vigente, comprometiéndose con ello gravemente la seguridad jurídica.

La interpretación que se ha hecho en la Ley Financiera de los Acuerdos con la Santa Sede para posibilitar que Cajasur dependa del Ministerio de Economía es aberrante

Pero en lo que a la inclusión en la Ley de la "reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro" se refiere, la cosa ha sido todavía peor. Y lo ha sido, porque dicha reforma no figuraba siquiera en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, sino que se incorporó como enmienda presentada por el grupo parlamentario popular.

Este no es un problema técnico, como puede pensarse, sino un problema político de la mayor importancia, pues con esta manera de proceder, lo que el Gobierno y el grupo parlamentario popular han hecho es romper las reglas de juego exigibles en el proceso democrático de elaboración de la ley.

La redacción de un proyecto de ley está sometida al control de determinadas formalidades jurídicas y en su proceso de elaboración tiene que darse un trámite de audiencia a las personas o instituciones que se vean afectadas por el contenido de la norma de que se trate. En el caso de las cajas de ahorro, dada la competencia de las comunidades autónomas en la materia, expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional, se tendrían que haber consultado con ellas antes de que el Gobierno hubiera podido enviar a las Cortes para su debate y aprobación el proyecto de ley. Al no incluir la referencia al régimen jurídico de las cajas de ahorro en el proyecto de ley e incorporarlo después a través de la enmienda del grupo parlamentario popular, se ha privado a las comunidades autónomas de cualquier tipo de audiencia y de que, en consecuencia, pudieran hacer valer sus puntos de vista en una materia sobre la que no sólo tienen competencia, sino sobre las que casi todas ellas han aprobado leyes, en muchos casos en fecha muy reciente, como ha ocurrido en Andalucía.

La manera de proceder del Gobierno y de su grupo parlamentario ha sido de una deslealtad extrema respecto de las comunidades autónomas. Es un caso típico de lo que vulgarmente se conoce como "puñalada de pícaro". Y en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía se trata, además, de una agresión incalificable. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya interpretado los Acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 en el sentido de que en alguno de ellos se contemplaban las cajas de ahorro. Insisto. Nadie. La interpretación que se ha hecho en la Ley Financiera de tales Acuerdos para posibilitar que Cajasur dependa en aspectos esenciales del Ministerio de Economía y Hacienda en lugar de hacerlo de la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, es sencillamente aberrante. Es una desvergüenza pactada por el Gobierno de la nación con un cura que pretende enriquecerse con un seguro de vida al margen de la ley. Esto va mucho más allá de la "escopeta nacional".

Pero lo que resulta sorprendente es el cierre de filas que se está produciendo en torno a un sujeto como éste. Ayer sábado, nada menos que tres periódicos andaluces incluían entrevista con el cura Castillejo y dedicaban editoriales descalificatorios a la reacción que el Gobierno y la mayoría parlamentaria en Andalucía están poniendo en marcha ante el atropello que para nuestra comunidad supone la actuación del Gobierno y, en conexión con él, del presidente de Cajasur.

En los editoriales, si no se decían abiertamente mentiras, sí se ocultaba la verdad. Pues lo que los ciudadanos deben saber es que la Ley Financiera recientemente aprobada por las Cortes impone que las Comunidades Autónomas reformen sus leyes de cajas de ahorro en el plazo de seis meses, con la finalidad de que se adapten a la misma. Reformar la ley de cajas de ahorros de Andalucía no es una decisión libre del Gobierno y del Parlamento de Andalucía, sino que es una obligación que le viene impuesta por la ley del Estado.

¿Puede alguien extrañarse de que en estas circunstancias se tenga que recurrir a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad? Esto no tiene nada que ver con lo que se está haciendo con la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales y con las casi doscientas enmiendas que se han incorporado a través del Senado. La Junta de Andalucía, si quiere cumplir con la obligación impuesta por la Ley Financiera y si pretende mantener su agenda política, en la que, obviamente se incluye, la política legislativa, no tiene más remedio que acudir a la Ley de Acompañamiento. Es la corrupción institucionalizada que han puesto en práctica el Gobierno y la mayoría parlamentaria del PP al incluir la reforma del régimen jurídico de las cajas de ahorro de la forma en que lo han hecho, la que está obligando a reaccionar a la Junta de Andalucía mediante la Ley de Acompañamiento. Esto debe saberse.