Venezuela votará en febrero en referéndum sobre la permanencia de Chávez en el poder
Los seguidores del presidente consideran ilegal la convocatoria del Consejo Electoral
La oposición venezolana amaneció ayer celebrando, mientras los sectores radicales del Gobierno lo hicieron en pie de guerra. El Consejo Nacional Electoral (CNE) fijó para el día 2 de febrero, por tres votos contra dos, la realización de un referéndum sobre la permanencia en el poder del presidente, Hugo Chávez. Los seguidores de Chávez consideran ilegal la convocatoria y alegan que para ello no basta la simple mayoría del Consejo Electoral.
Los grupos asociados en la Coordinadora Democrática, conjunto de fuerzas políticas, empresariales, sindicales y civiles opuestas a Chávez, se anotaron un éxito al lograr que el organismo electoral, por el voto de tres de sus miembros contra dos, aprobara la fecha del 2 de febrero para la consulta popular, solicitada mediante la presentación de casi dos millones de firmas.
Las fuerzas gubernamentales aseguran que la decisión es ilegal, porque se adoptó por mayoría simple y se requiere una mayoría cualificada. Además, los partidarios de Chávez alegan que el voto decisivo fue el de Leonardo Pizani, un miembro reinsertado recientemente en la directiva del CNE, tras haber renunciado a su cargo. Pizani ha sido, desde que abandonó sus funciones de árbitro, un conspicuo dirigente de la Coordinadora de oposición y tuvo notoria participación en la recogida de firmas para solicitar el referéndum.
Ayer, la diputada Desirée Santos, del oficialista Movimiento V República (MVR), presentó lo que se espera sea la primera de varias impugnaciones a la decisión del CNE. Dice la diputada que todas las decisiones tomadas por la directiva son ilegales desde que renunció su presidente, Roberto Ruiz. Entre esas decisiones se cuenta la que permitió la reincorporación de Pizani. Mientras tanto, los dos miembros que votaron en contra de la decisión aseguran que la autenticidad de las firmas no fue verificada.
Ajenos a las críticas, el triunvirato, como han comenzado a llamar a los tres miembros alineados con la oposición, sigue adelante con los preparativos de un proceso bastante complejo: apertura del registro electoral, entrenamiento de personal para las 10.000 mesas de votación, preparación de papeletas de voto y otros materiales electorales y diseño de un sistema de escrutinio.
La pugna legal y política no ha hecho más que comenzar. Se espera que los oficialistas presenten recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir la revisión de la convocatoria. Al mismo tiempo, el CNE deberá recurrir ante la Asamblea Nacional para solicitar los recursos adicionales necesarios para la realización del proceso: una cantidad estimada en 30.000 millones de bolívares (unos 22,4 millones de euros). El presidente del Parlamento, Willian Lara, del partido del Gobierno, advirtió que no considerarán una petición de fondos para un proceso ilegal.
La pregunta del referéndum propuesto es: "¿Está usted de acuerdo con solicitar al presidente que de manera inmediata renuncie voluntariamente?".
La Asesoría Jurídica del CNE la consideró válida para un referéndum consultivo, porque no es de acatamiento obligatorio para Chávez, en caso de perderlo. La Constitución de 1999 contempla un referéndum específico para revocar el mandato de cualquier funcionario, incluido el presidente de la República, pero para ello debe haber cumplido la mitad del periodo. En el caso de Chávez, habría que esperar hasta agosto de 2003.
