Cajasur elude la supervisión de la Junta al solicitar al Gobierno que le aplique ya la Ley Financiera

Cajasur ha tardado menos de 72 horas en solicitar al Ministerio de Economía la aplicación de la nueva Ley Financiera, publicada el sábado, que incluye un artículo hecho a medida de la entidad presidida por el sacerdote Miguel Castillejo, que ahora podrá evitar el control de la Junta de Andalucía. El Consejo de Administración de la caja cordobesa, con el votos en contra de los tres consejeros socialistas y el representante de IU, decidió ayer enviar ya la documentación que acredita que es una "entidad fundada por la Iglesia", por lo que pasa automáticamente a ser tutelada por el Ministerio de Economía.

Los representantes socialistas en el Consejo de Administración de Cajasur reclamaron la suspensión de la sesión por defectos de forma en su convocatoria, realizada de urgencia por Castillejo el sábado, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Financiera. El presidente de la Diputación de Córdoba, Francisco Pulido (PSOE), también envió, a través de un requerimiento notarial, el último acuerdo de la institución provincial, aprobado el viernes, en el que se esgrimía su naturaleza de cofundadora de Cajasur -que la dirección de la entidad niega- para reclamar que renunciase a acogerse a la Ley Financiera. Y el obispo de Córdoba, Javier Martínez, abogó la semana pasada por el consenso institucional sobre Cajasur.

Pero ninguna de estas cuestiones evitó que Castillejo hiciese una nueva demostración de su poder en los órganos de gobierno de la caja cordobesa. "El Consejo de Administración de Cajasur, como entidad fundada por la Iglesia católica, ha aprobado la presentación de la solicitud para acogerse a los supuestos contemplados en la nueva Ley Financiera", explicó en conferencia de prensa Francisco Jurado, director general de la entidad. Esos "supuestos" introducidos por el Gobierno central -que sólo afectarían a Cajasur al ser la única caja que asegura haber sido fundada "directamente" por la Iglesia-, quitan a la Junta la supervisión de las principales decisiones de la entidad y se las trasladan al Ministerio de Economía.

La Junta de Andalucía quiso acabar con los privilegios de la Iglesia y Castillejo en Cajasur con la Ley autonómica de Cajas, pero ya entonces (2000) intervino el Gobierno central y provocó en 2000 la suspensión de la norma andaluza al recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

La entidad, en Córdoba

El director general de Cajasur salió al paso de las duras críticas del PSOE y la propia alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU), que mantienen que con este paso la entidad prepara su salida de la capital cordobesa. Jurado no dudó en parafrasear a su presidente, quien en verano declaró: "Cajasur está en Córdoba igual que está la Mezquita. La casa madre de CajaSur está en Córdoba, aquí nació y a esta ciudad se debe, y nunca se irá de ella".

El máximo responsable de la asesoría jurídica de Cajasur, Diego Jordano, precisó lo que supondrá solicitar la aplicación de la Ley Financiera que, aseguró, será efectiva a partir de que el Ministerio de Economía lo notifique a la Junta, ya que la documentación que acredita esta petición será enviada hoy mismo.

"Se produce un marco competencial nuevo", sintetizó Jordano. Según su interpretación, el Ministerio de Economía no sólo será el encargado de dar la última autorización sobre cualquier modificación en los estatutos y sobre el presupuesto de la obra social. El asesor jurídico explicó que al establecer que los estatutos vigentes son los actuales, se elimina lo dispuesto por la Junta (ahora suspendido por el Constitucional) sobre el nombramiento y duración de los representantes de la Iglesia en la entidad. Y no sólo eso: según Jordano, todas las autorizaciones que tengan que ver con la fusión o disolución de la caja cordobesa con otra entidad también corresponderá ahora al Ministerio de Economía.

El asesor jurídico de Cajasur (ex senador por el PP) enumeró las pocas competencias que, a su juicio, le quedarían al Ejecutivo andaluz: el registro de las oficinas abiertas por la caja cordobesa en Andalucía, la comunicación previa de la publicidad financiera, lo establecido sobre inspección y auditoría y sobre el defensor del cliente. Jordano mantuvo que, en lo relativo a infracciones y sanciones, deberá recibir el mismo tratamiento que otras cajas con presencia en Andalucía, pero domiciliadas en otras comunidades.