Las empresas no podrán utilizar datos sin acuerdo expreso del cliente

El Gobierno se ha comprometido a desarrollar la normativa para que ningún organismo público ni empresa privada pueda utilizar o intercambiar los datos de los ciudadanos sin la autorización expresa de éstos.

La Ley de Protección de Datos, en su artículo seis, habla de autorización "inequívoca". Y la interpretación que se ha hecho de esta palabra ha provocado, según reconocen incluso desde el partido del Gobierno, prácticas abusivas de muchas grandes empresas. Éstas consisten en que las compañías envían una carta a los ciudadanos en la que le piden la autorización para que otras empresas, o filiales, utilicen los datos con fines comerciales. Y se adjunta un formulario: si usted no desea que se utilicen sus datos, mándenos una carta, vienen a decir. Si este envío no se produce, muchas empresas toman esa ausencia como una respuesta negativa.

Eso es precisamente lo que se acordó corregir en la última sesión de la Comisión Constitucional, esta semana. El socialista Diego López Garrido presentó una proposición no de ley para impedir ese abuso. Y la diputada del PP Carmen Matador, aceptó por completo la idea y presentó una transaccional que todos los grupos aprobaron por unanimidad.

La iniciativa insta al Gobierno a "estudiar, en el desarrollo reglamentario de la Ley 15/1999, que se precise el tratamiento informático y la cesión de datos personales, en especial de entidades financieras, aseguradoras y otras empresas comerciales con gran volumen de clientes, exija como condición previa el consentimiento expreso del interesado, salvo las excepciones previstas por la ley".

Nueva filosofía

El Congreso ya había impulsado esta nueva filosofía sobre la protección de datos, que se origina en una sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de noviembre de 2000, en un pleno. Pero entonces las modificaciones se habían limitado al censo electoral. Ahora esa protección se extiende a todos los datos que circulan, aparentemente sin control alguno, entre las distintas empresas privadas que los poseen.

López Garrido se mostró sorprendido y satisfecho del "cambio de criterio" del PP, que no sólo se ha comprometido a modificar el reglamento de la Ley para ajustar los errores que se han detectado, sino que en privado incluso admite un posible cambio de la propia Ley de Protección de datos, que el Gobierno de José María Aznar desarrolló en 1999.

Algunos grupos, además del socialista, han expuesto sus dudas sobre la corrección de modificar un reglamento en un sentido contrario a la ley. Así lo expuso en la Comisión Constitucional Josu Erkoreka, diputado del PNV. Sin embargo, todos los grupos coinciden en que el Gobierno ha demostrado que se ha sensibilizado con este asunto y tiene intenciones de resolverlo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 25 de noviembre de 2002.

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