VEINTE AÑOS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Una ley para integrar

Nadie discute el espíritu de la norma, pero los no nacionalistas disienten de su desarrollo

Hace hoy veinte años, el pleno del Parlamento vasco inició un debate que concluyó con la aprobación de la ley que ponía los cimientos para convertir a Euskadi, a largo plazo, en una comunidad realmente bilingüe. Dos días después, el 26 de noviembre de 1982, la Cámara autonómica aprobó con un amplio consenso la Ley de Normalización del Uso del Euskera, un marco que pretendía "permitir a aquel que libremente quisiese vivir en euskera pudiese hacerlo de manera real y efectiva", explica el que era entonces consejero de Educación, el físico Pedro Miguel Etxenike. Él mismo añade que es un propósito fácil de formular pero difícil de lograr. Nadie discute, no obstante, que la lengua vasca ha florecido en estas dos décadas con una intensidad difícil de imaginar entonces.

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La ley reconoce el derecho de los vascos a expresarse en castellano y/o en euskera, establece la oficialidad de ambos idiomas, proscribe la discriminación por razón de lengua y obliga a la Administración a crear los mecanismos necesarios para que quien lo desee pueda dirigirse a las instituciones en lengua vasca, estudiar en euskera y ser informado a través de los medios de comunicación en este idioma. Para garantizar este derecho se establecía la progresiva euskaldunización del personal de la Administración pública en la comunidad autónoma vasca. Y también le obliga a promover su su uso social.

Etxenike recuerda de aquel momento histórico la obsesión por elaborar una política lingüística "integradora", porque "lograr el bilingüismo real sólo es posible con la adhesión de todos". Tampoco olvida que el entonces el lehendakari, Carlos Garaikoetxea, proclamaba que para salvar la lengua vasca "era necesaria una ley de concordia". Los negociadores de los partidos se pusieron a la tarea. Su gestación llevó más de un año de arduas negociaciones que duraron hasta los últimos minutos en el pleno. Al final, la Ley de Normalización del Uso del Euskera fue aprobada con el mayor grado de unanimidad alcanzado hasta entonces en el Parlamento vasco. Un nivel de acuerdo inédito en las últimas legislaturas en la Cámara de Vitoria. Quienes la negociaron añoran la capacidad de entendimiento de aquellos tiempos.

El encargado de negociarla en nombre de los socialistas, José Antonio Maturana, recuerda que "hubo mucha discusión en la ponencia", que el PSE hizo varias enmiendas transaccionales y AP, una enmienda a la totalidad. La enseñanza, que a la larga ha sido el motor de la expansión del euskera, fue el ámbito en el que mayores fueron las discrepancias, recuerda el ex consejero. Las diferencias surgieron "más de la desconfianza mutua que de otra cosa", rememora Etxenike.

La ley fue votada artículo por artículo. El entonces parlamentario por Euskadiko Ezkerra (EE) y hoy gerente de Euskaltzaindia, José Luis Lizundia, recuerda como "muy positivo" que muchos de los artículos obtuvieran el respaldado de todos los grupos que se sentaban en el Parlamento: el PNV, EE, el Partido Socialista de Euskadi (PSE), Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista de Euskadi (PCE- EPK) y Alianza Popular (AP). Este último, el que más discrepancias tenía, apoyó al final en torno al 40% de los artículos, añade Lizundia, quien participó en las negociaciones para alumbrar la ley en representación de su partido. El Gobierno central, socialista entonces, presentó sendos recursos de inconstitucionalidad contra las leyes normalizadoras del euskera, el catalán y el gallego. El Tribunal Constitucional rechazó, en 1986, aspectos formales de las tres, pero declaró constitucional el fondo de las normas en los tres casos.

Un nuevo "pacto lingüístico"

Hoy nadie discute el espíritu de la ley. Sí existen, en cambio, discrepancias en los partidos no nacionalistas sobre el desarrollo de la norma y los plazos y ritmos con los que se ha aplicado. Por eso, el ex parlamentario Maturana sugiere la necesidad de, transcurridos 20 años, hacer balance sobre los aciertos y errores de la ley -"una de las básicas en la construcción de la autonomía"- y de su desarrollo, para "alcanzar un nuevo pacto lingüístico". El ex parlamentario socialista cree que se ha forzado en exceso la euskaldunización en zonas castellanoparlantes, que se han puesto plazos demasiado cortos que ni siquiera respondían a la demanda social.

Etxenike considera que la aplicación de la ley ha provocado más dificultades que injusticias o conflictos".

Etxenike considera que es "importante atraer [a la ciudadanía] a la lengua [vasca] no porque sea un símbolo, sino porque es útil y atractiva". En este sentido, Maturana insiste en destacar el prestigio que ha alcanzado la lengua vasca de la mano de autores como Bernardo Atxaga, Ramón Saizarbitoria, Felipe Juaristi o Lourdes Oñaederra. Además, las traducciones les han permitido ganar lectores dentro y fuera de Euskadi.

El martes pasado, cuando Etxenike, Maturana y Lizundia, entre otros, participaron en un debate sobre la Ley de Normalización del Euskera organizado por la Fundación Buesa, el primer consejero de Educación recordó que "apoyar el euskera no conlleva apoyar cualquier acción política que en su nombre se haga", y a gregó que "es antidemocrático tacharles de enemigos del euskera" a quienes critican actuaciones concretas.

Etxenike rememora también los principios que rigieron la gestación de la ley: ser "flexible y abierta", porque el logro del bilingüismo exige "saber rectificar, acelerar y frenar" para cumplir el "mandato constitucional" de eliminar obstáculos que lo impidan o dificulten; "no ser impositiva", porque ampara la libertad del ciudadano para elegir el idioma y "pone deberes a la Administración". Había que ser "firmes en los principios y flexibles en su aplicación", resume.

De todos modos, la Ley del Euskera de 1982 no surgió de la nada. Lizundia considera esencial tener presentes sus antecedentes. La Constitución de la República, los tres proyectos de Estatuto de autonomía, incluido el tercero, que estuvo vigente unos meses tras el alzamiento franquista, ya contemplaban la oficialidad del euskera. Tras la recuperación de la democracia, la Constitución de 1978 ampara el bilingüismo en las comunidades con lengua propia. Lizundia también recalca que todos los partidos con representación parlamentaria en la época (eran diez), en sus borradores para el Estatuto de Gernika, contemplaban "de una manera más o menos gradual el carácter oficial al euskera en el País Vasco".

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