Centenares de personas marchan en Granada contra la Ley de Calidad

Un millar de personas, en representación de profesores, alumnos, sindicatos de enseñanza y padres de toda Andalucía, se manifestaron ayer por las calles de Granada como protesta por la Ley de Calidad de la Enseñanza. Los manifestantes pidieron que se paralice la tramitación de la norma en el Parlamento.

La Delegación del Gobierno cifró el número de asistentes a la marcha en Granada en unos 800 y los organizadores en 3.000. Aunque estos últimos habían previsto reunir a más de 5.000 personas en esta protesta convocada por la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, su portavoz, Mercedes González, aseguró ayer que ésta había sido "un éxito", pues en ella "se reunieron los máximos responsables de cada provincia andaluza de los distintos sectores involucrados en la enseñanza pública". A la manifestación, que recorrió durante casi dos horas las principales calles del centro de Granada, acudieron miembros de los sindicatos de profesores UGT, CC OO, CGT y Ustea; del Sindicato de Estudiantes (SE); de la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Andalucía (Codapa), además de políticos de IU y del PSOE.

González sostuvo que la intención de esta protesta en Granada era "hacer ver al Gobierno de la nación que no puede aprobar una ley en contra de toda la comunidad educativa". A su juicio, esta norma se está tramitando sin contar con el consenso social necesario. "La ministra [Pilar del Castillo] no nos puede forzar a aceptar una ley con la que no estamos de acuerdo ninguno de los participantes en el sector educativo andaluz".

Al final de la marcha se leyó un comunicado frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en el que se acusaba al Ejecutivo central de promover la Ley de Calidad para "poner el dinero de los Presupuestos Generales del Estado y de cada comunidad al servicio de las empresas de enseñanza".

A su juicio, la falta de presupuesto ha provocado graves carencias de recursos humanos y materiales que se contemplaban en la LOGSE. La solución es, pues, "más inversión para la enseñanza pública".