Viviendas lejanas

El Gobierno se está enfrentando con creciente torpeza a las críticas que desde todos los flancos sociales suscita el llamado 'problema de la vivienda'. El profundo malestar ciudadano provocado por la explosión de los precios y la desaparición práctica de las viviendas de protección oficial ha sorprendido al Gabinete de Aznar, y en particular a los ministerios de Fomento y Economía, sin una política clara y con un mensaje confuso. Si se quiere analizar en profundidad la política de vivienda del Gobierno, la primera dificultad exigiría superar la divergencia de opinión entre ambos departamentos. Porque el vicepresidente Rato ha desautorizado de forma manifiesta al ministro de Fomento cuando entiende que la vivienda exige un pacto (¿de Estado?) con el PSOE para elaborar una nueva Ley del Suelo después de que Cascos prácticamente negara la existencia del problema.

En el supuesto de que la posición de Rato fuese la defendida sin fisuras desde el Gobierno, significaría un reconocimiento nada disimulado de que la política oficial de vivienda aplicada desde 1996 ha fracasado. La política de la Administración de intervenir lo menos posible en el mercado de la vivienda ha rendido excelentes dividendos a los especuladores e inversores deseosos de encontrar una oportunidad de inversión en un producto con fiscalidad reducida y grandes posibilidades de ocultar dinero negro recién aflorado por culpa del euro, pero ha desesperado y castigado a quienes necesitan un piso para vivir; es decir, a una gran mayoría de la población.

La propuesta de Rato debe ser interpretada, pues, como un intento de compartir un fiasco estrepitoso y diluir las responsabilidades de gestión, que, en todo caso, corresponden al Gobierno, como le incumbe la iniciativa para resolverlo. Podría empezar, por ejemplo, por la elaboración de un Libro Blanco que explique qué papel juegan en el coste final de los pisos factores tales como el suelo, los materiales o los costes laborales, así como la incidencia que tiene la política del suelo de ayuntamientos y diversos entes públicos en el encarecimiento de los precios.

No es un pacto con el PSOE lo que necesita Rato para acabar con la escasez de terreno edificable. El vicepresidente puede, si quiere, frenar la especulación inmobiliaria exigiendo a los ayuntamientos que gestiona su partido -Madrid, por ejemplo, Valencia, Zaragoza o Palma de Mallorca- que no retengan suelo, aceleren las calificaciones donde sean legalmente recomendables e intervengan en el control de los precios de las promociones a través de los institutos municipales de la vivienda. Sería una intervención más eficaz que un pacto.