Una ley para conservar el paraíso

Después de las leyes que promulgaron el Estatuto de Autonomía y los espacios protegidos, las Directrices de Ordenación General y del Turismo en Canarias son la ley más importante de los últimos 20 años. Su tortuosa tramitación, aceptando muchas de las 83 alegaciones presentadas en 1.070 páginas por todo tipo de instituciones, organizaciones y colectivos, ha obligado al Gobierno presidido por Román Rodríguez (Coalición Canaria) a presentarlo ante el Parlamento casi al término de su legislatura.

Servicios e infraestructuras desbordadas, un crecimiento económico que duplica la media estatal, creación de miles de puestos de trabajo que no cubre la población de las islas y un modelo turístico y vital que ha tocado techo son algunas de las razones para variar el modelo de desarrollo de los últimos 50 años, con el objetivo de mantener la riqueza paisajística y natural y hacerla compatible con un uso más racional de un territorio muy limitado y frágil.

Se trata de mantener la riqueza natural y hacer un uso racional de un territorio frágil

El lunes pasado, el Gobierno de Canarias eligió la isla de Lanzarote para aprobar el texto de las directrices y enviarlo al Parlamento para que una primera ponencia técnica estudie el articulado. La elección del escenario no fue casual. Lanzarote encabezó en solitario, durante años, una batalla a favor de una moratoria para el crecimiento de su planta hotelera.Ahora, el Ejecutivo de Román Rodríguez toma el relevo y extiende a todo el archipiélago la necesidad de encontrar un nuevo modelo de progreso para las islas.

La discusión del texto en el Parlamento de Canarias quizá sea un capítulo más del enfrentamiento que en las últimas semanas han escenificado nacionalistas y populares, que cogobiernan desde 1996, primero compartiendo sillones en el Ejecutivo y desde hace dos años -cuando José Manuel Soria pasó a dirigir el PP canario-, con un Gabinete monocolor y apoyo parlamentario de los populares. El PP tacha las Directrices de intervencionistas. El Partido Socialista de Canarias (PSC) hecha de menos un intento de consenso sobre un texto tan fundamental. Pese a todo, el presidente Román Rodríguez no oculta que espera un acuerdo con el PSC.

A continuación se resumen los grandes rasgos del proyecto:

- Reordenación del turismo. Se prohíbe destinar un solo metro más a explotaciones turísticas y se desclasificará de su uso turístico el suelo que no se haya urbanizado. Otras medidas son renovar el parque de hoteles y apartamentos, mejorar la oferta elevando su categoría, limitar a un máximo del 1% anual el crecimiento de nueva planta hasta 2006 y permitir a cada cabildo insular que lo congele por completo.

La recepción de 12 millones de personas cada año provoca un elevado consumo de agua y energía (20% por encima de la media española) y una importante generación de residuos (22% más que la media). Están autorizadas 354.435 plazas turísticas (el 58,4% construidas hace más de 25 años), pero el planeamiento vigente -ahora paralizado- autoriza 850.000 más. Cinco municipios de Gran Canaria y Tenerife concentran el 73% de las plazas turísticas.

- Población. La densidad del archipiélago (262 habitantes por kilómetro cuadrado) triplica la media estatal. En algunos puntos de Tenerife o Gran Canaria, supera la de Hamburgo (Alemania). La especial geografía de las islas (con laderas cuya inclinación supera el 30% de pendiente) y las leyes que protegen todo terreno situado por encima de los 1.200 metros limitan la concentración de los 1.716.276 habitantes a apenas el 30% de la superficie del archipiélago. Aunque más del 40% de la población vive por debajo de la cota 100, el mayor impacto negativo se produce en el medio rural, con una generalizada indisciplina urbanística y uno de los índices más altos del Estado en segundas residencias.

- Creación de empleo. La creación de empleos en los 10 últimos años fue del 19%, tres veces más que en el resto de España, pero esos nuevos puestos de trabajo fueron ocupados mayoritariamente por peninsulares o personas procedentes del resto de Europa. En islas como Fuerteventura, 87 de cada 100 empleos los ocupan no residentes, hasta el punto de que la población autóctona ya es minoría.

- Crecimiento. Entre 1985 y 1998, el producto interior bruto de las islas se incrementó un 64% (un 53% la media estatal). En el mismo periodo, el sector servicios ha pasado a representar el 78% de la producción, 13 puntos más que la media estatal. El área cultivada ha caído de 46.500 a 43.700 hectáreas, aunque han proliferado los invernaderos 'a costa de un impacto paisajístico y del desarrollo de prácticas ambientales insostenibles'. Canarias 'es la comunidad autónoma que más gasta en fertilizantes y plaguicidas por hectárea cultivada'. Se da por desaparecida la tradicional industria de pesca y envasado de sardina y se registra un auge del negocio de la acuicultura, con fuertes crecimientos.

- Infraestructuras. Hay 666 vehículos por cada 1.000 habitantes, índice un 50% superior a la media española. Así se explica un parque de 176 turismos por kilómetro de carretera. El transporte colectivo se considera 'insuficiente'.

- Protección de la naturaleza. Están registradas 12.000 especies animales y vegetales, de las que el 30% son endémicas. Pero la capacidad de todos los espacios 'está superada' por la población local, los turistas y las obras de infraestructura. El archipiélago tiene cuatro parques nacionales, tres reservas marinas y tres islas (Lanzarote, El Hierro y La Palma) declaradas por la UNESCO Reserva de la Biosfera.