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EL CONFLICTO DE LAS AMBULANCIAS

Paralizado el transporte sanitario en la región al incumplir los empleados los servicios mínimos

Sanidad reclamó protección policial en una huelga que tuvo un seguimiento de casi el 100%

Oriol Güell

Los 800 trabajadores de las ambulancias privadas paralizaron ayer el transporte sanitario en la región al secundar masivamente la huelga convocada por CC OO y UGT e incumplir los servicios mínimos fijados por la Consejería de Sanidad. Miles de pacientes se vieron obligados a acudir a los taxis, a familiares u otros medios para trasladarse a los hospitales. El colapso generalizado del servicio obligó a Sanidad a solicitar protección policial para los escasos empleados que sí quisieron trabajar. Al menos dos ambulancias fueron atacadas por un piquete en Alcorcón a primera hora de la madrugada.

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Los empleados de las 14 empresas de ambulancias de la región, que disponen de una flota de 500 vehículos, cumplieron a rajatabla la decisión tomada en asamblea el pasado lunes: incumplir los servicios mínimos decretados por Sanidad. Éstos, cercanos al 100%, eran considerados ayer por todos los empleados consultados 'un abuso', 'un intento de quitar sentido a la huelga' y 'un regalo de Sanidad a la patronal del sector'.

Doce de esas empresas, con una flota de 432 ambulancias, tienen concertado, desde el pasado mayo, el transporte sanitario de la Consejería de Sanidad y están asociadas en una Unión Temporal de Empresas (UTE). El resto de vehículos atienden a las aseguradoras privadas (Sanitas, Asisa, etcétera).

Grupos de trabajadores merodearon desde las cero horas del martes las bases de las ambulancias para asegurarse de que no salía ningún vehículo. Al menos dos ambulancias fueron apedreados y sus neumáticos pinchados en Alcorcón a la 1.00, según Ametra. Sanidad denunció estos hechos en la comisaría de Arganzuela. Media hora más tarde, un conductor fue 'apaleado' en el acceso del hospital Doce de Octubre. Estos hechos convencieron a las empresas de que lo más conveniente era poner a buen recaudo los vehículos. 'Tenemos todas las ambulancias encerradas en el garaje', explicó un responsable de Ambulancias Europa minutos después de las once de la mañana.

Los empleados acudieron también a los servicios de urgencias de los grandes hospitales para asegurarse de que ninguna ambulancia privada estaba trabajando. Allí se encontraron con patrullas del Cuerpo Nacional de Policía que velaban para que no hubiera incidentes con los vehículos sanitarios que sí trabajaban y que no estaban en huelga: el Samur, el Sercam, el Summa, la Cruz Roja y las ambulancias de otras regiones.

La Cruz Roja atendió 'sin incidentes' a 50 pacientes y el Samur (dependiente del Ayuntamiento de Madrid) a otros 20 enfermos que no eran atendidos por las ambulancias en huelga, según los responsables de ambos servicios. CC OO, por su parte, acusó a la Consejería de Sanidad de 'intentar dinamitar' la huelga utilizando trabajadores del Sercam para suplir los servicios que los empleados en huelga no quisieron hacer para la UTE.

Pacientes en casa

La otra cara de la huelga fue la de los miles de pacientes -3.000 de ellos de la sanidad pública, ya que el Gobierno regional tiene concertado con las empresas afectadas el servicio de transporte sanitario en la región- que sufrieron retrasos desde primera hora de la mañana si decidían esperar la llegada de una ambulancia.

'Aquí han venido hoy todos en taxi o en coches de familiares', explicó una enfermera del servicio de hemodiálisis del hospital Doce de Octubre. Al servicio acuden cada mañana 12 pacientes. Ayer, uno de ellos tuvo que retrasar su diálisis hasta las cinco de la tarde.

Los 18 grandes hospitales registraron un mayor tráfico de lo habitual debido a los muchos familiares que decidieron trasladar a los enfermos en vehículos privados. También aumentó la presencia de taxis a primera hora de la mañana.

Pese a estos transportes alternativos, la presencia de enfermos en los hospitales fue menor de lo habitual, ya que en las especialidades en la que la salud del paciente está menos perjudicada -por ejemplo, rehabilitación- muchos pacientes se quedaron en casa. Los empleados de la sala de rehabilitación del Doce de Octubre trabajaron ayer 'la mitad de lo habitual'.

Ante el colapso del servicio durante toda la mañana, Sanidad solicitó hacia el mediodía a la Delegación del Gobierno en Madrid que vehículos policiales protegieran a las ambulancias y a los trabajadores que sí querían trabajar. Uno de ellos fue visto, con un ostentoso cartel con la inscripción 'servicios mínimos', en el hospital Clínico. Pese a ello, tanto Ametra como Sanidad admitieron que durante casi todo el día prácticamente ninguna ambulancia circuló.

Con el servicio totalmente paralizado y decenas de pacientes sin poder llegar a los hospitales, la Consejería de Sanidad denunció el 'incumplimiento de los servicios mínimos' y 'los incidentes [ocurri-dos] durante todo el día'. 'La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha medidas urgentes para garantizar el transporte sanitario', anunció el departamento en un comunicado, sin que estas medidas tuvieran efectos significativos en las calles.

Sanidad sí anunció la apertura de un nuevo expediente sancionador a las empresas de la UTE que gestionan el transporte sanitario. Ametra anunció que trasladará las sanciones a los huelguistas.

UGT y CC OO destacaron 'el empeño y la fuerza' de los trabajadores en seguir adelante con sus reclamaciones y lamentaron la actitud de la Consejería de Sanidad, a la que acusan de permitir que la protesta se enconara con su inhibición, según Rafael Palomo (UGT) y Emilio Cobos (CC OO).

Sindicatos y empresarios se reunirán hoy en el Instituto Laboral de la Comunidad para discutir la firma del primer convenio regional de ambulancias. Los sindicatos siguen reclamando una única paga de 420 euros para este año y un aumento de 90 euros al mes a partir de enero. Los empresarios ofrecen una paga de 60 euros para este año, 30 euros mensuales en 2003 y 60 en 2004. 'El dinero es importante, pero lo es más terminar con la precariedad del sector, acabar con la imposición de jornadas de 12 horas y regular aspectos como la formación y seguridad de los trabajadores', según Palomo. Cada parte dijo anoche que confía en que la otra flexibilice su postura y desbloquee la actual situación.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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