La sombra Pallerols

La juez ha levantado el secreto de sumario sobre el caso Pallerols, relativo al presunto desvío de fondos europeos destinados a la formación de parados hacia la arcas de Unió Democràtica, el socio democristiano de Convergència. La tesis de la fiscalía, asumida por la juez, es que un 10% de las subvenciones distribuidas entre 1995 y 2000 por el Departamento de Trabajo -en manos democristianas- a los centros de formación de Fidel Pallerols fueron a parar bien a personas vinculadas a Unió, bien a la compra de locales o mobiliario para el citado partido. La oposición calcula que esas comisiones sumaron 839.152 euros.

Las reiteradas negativas de CiU y PP a la creación de una comisión de investigación parlamentaria y el impresentable informe redactado al respecto por el síndico mayor -jefe del Tribunal de Cuentas autonómico- han avivado la sospecha. Los delitos que según el fiscal cometieron los imputados serían los de prevaricación, malversación, cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude de subvenciones.

Es sabido que, en lo tocante a financiación irregular de partidos, lo que suele aflorar no son los ingresos más fuertes, generalmente enmascarados en artificios contables realizados por auténticos artistas en la búsqueda de fórmulas todavía no tipificadas como delito o en borrar huellas cuando caen más alla de la frontera de lo legal. Los socialistas tuvieron su calvario con el caso Filesa -de características distintas: era mucho más dinero y no procedía de fondos públicos- y ahora le ha tocado el turno a Unió Democràtica.

La trayectoria de su líder, Josep Antoni Duran Lleida, se ha visto muy afectada por este escándalo, que le ha apartado de la carrera por la sucesión de Jordi Pujol. Algo que fue celebrado desde el partido hermano de federación, que tenía puestas las esperanzas en el actual conseller en cap, Artur Mas. Las revelaciones y fases sumariales del escándalo parecen ideadas por un hábil guionista especializado en intrigas políticas.

Sería de desear una pronta sentencia judicial que elimine suspicacias, pero también una mayor transparencia por parte de Unió, que debería ser la primera interesada en evitarlas. Vetar las comisiones parlamentarias y pretender que todo se ha explicado tras los trabajos de un grupo de expertos nombrados por el propio partido suena a broma.