Pobres ayuntamientos

La financiación de nuestros ayuntamientos sigue siendo una asignatura pendiente. La reforma de la Ley de Haciendas Locales, que contempla la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ha dejado a estas instituciones, las más próximas al ciudadano, sin una de sus principales fuentes de financiación, que supone el 20% de sus ingresos. Con ello, el Gobierno del PP cumple su promesa de eliminar este impuesto. Por tanto, queda bien con los contribuyentes pero muy mal, desde luego, con una Administración local que, a partir de ahora, tendrá que encontrar otros soportes a través de los cuales garantizar la cobertura de los servicios que presta, dado que el Ejecutivo central no ha fijado un sistema alternativo, tal y como ha quedado en evidencia a lo largo del debate parlamentario de esta polémica iniciativa.

El impacto es mayor aún si se tiene en cuenta que coincide esta decisión con la confección y aprobación de los presupuestos de cada uno de los ayuntamientos. Ya hay alcaldes que advierten de que no tendrán más remedio que subir otros impuestos locales para así hacer frente a la carencia de fondos que se les viene encima. En definitiva, se ha desnudado a un santo para vestir a otro. De esta forma, los populares ganan una baza ante el electorado, pero lo hacen trasladando la responsabilidad, siempre ingrata, de incrementar la presión fiscal a otros. Este paso forma parte de una estrategia de fondo que está basada en la reducción de impuestos, y donde se inscribe también la rebaja del IRPF. Un recurso en el que el PP ha depositado una gran esperanza de que pueda reportarles importantes réditos electorales. Piensan que, a partir de enero, una vez que el ciudadano note un menor peso fiscal, mes tras mes, cambien las tornas y suponga este hecho el empuje necesario para llegar con garantías suficientes a los próximos compromisos ante las urnas.

Pero hasta llegar a ese punto, tendrán que vérselas con unos rectores municipales que no se van a quedar quietos, tal y como tendremos oportunidad de comprobar esta misma semana. Se reunirá la comisión ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por el alcalde de Granada, el socialista José Moratalla, quien se ha tomado muy en serio este asunto, hasta el extremo de llegar a anunciar su dimisión de este cargo supramunicipal si para antes de que termine el año no se plantea una solución. El alcalde granadino parece haber pecado de ingenuo ya que, de seguir así las cosas, va a tener que ir pensando en hacer las maletas puesto que no se atisba ningún indicio de rectificación y sí, en cambio, confusión y resistencia en alcaldes, incluso del PP, como es el caso del de Málaga, Francisco de la Torre, nada favorable, por ejemplo, a que se establezca un nuevo impuesto que grave la tenencia de pisos vacíos, ya que afectaría de forma notable a los ayuntamientos costeros donde las segundas residencias tienen gran preponderancia. Cuanto menos, se observa, a tenor de estos signos, falta absoluta de diálogo con los principales afectados, los ayuntamientos, así como una gran improvisación sobre un asunto muy serio como es el de las finanzas de nuestras entidades locales.

Por otro lado, con más esperanzas de que la rectificación sea posible, acuden los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO a un nuevo encuentro negociador en Madrid en el Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana. Los sindicalistas andaluces hablan ya de una posibilidad de acuerdo que habrá que mantener, en todo caso, en cuarentena para no generar falsas expectativas. Mientras, los gobiernos andaluz y extremeño presentarán en sus comunidades la campaña institucional a favor del subsidio de desempleo agrario y el PER. De igual modo, quedamos a la espera de conocer qué nos deparará el debate surgido en torno a las características de la pensión y la gestión de determinados presidentes de cajas, como ocurre con Miguel Castillejo, de Cajasur. El intento de meter en el mismo saco al de Unicaja, Braulio Medel, se desinfla tras las explicaciones dadas, aunque tendrán que ser enviadas por escrito a la consejera de Economía, Magdalena Álvarez.