Democracia municipal

Existe un consenso bastante generalizado en reconocer el protagonismo de los ayuntamientos en el diseño del paisaje de la España democrática. El cambio en el urbanismo y en la recuperación arquitectónica en la inmensa mayoría de las 8.108 ciudades y localidades de este país, ha sido uno de los indicadores más perceptibles de la maduración de la democracia española. A esta modificación de la faz exterior hay que añadir otra contribución no menos relevante: el papel crucial desempeñado por los municipios en la vertebración y cohesión de la sociedad.

Los municipios han asumido competencias no previstas que han comportado unos gastos llamados supletorios -atención social, actividades culturales, consultorios médicos, acogida de inmigrantes- , y han contribuido así, de una forma determinante, a anclar la democracia española en su vertiente más social. Estos gastos, que los expertos sitúan entre el 25% y el 30% de sus presupuestos, son una sobrecarga para la que los municipios carecían de financiación. El cumplimiento del mandato constitucional de asegurar la suficiencia financiera municipal hubiera implicado reconocerlo y dotar a los municipios de los recursos adecuados. Encajar la descentralización real en un nuevo marco jurídico era lo correcto. Pero el Gobierno hace lo contrario. Los municipios llevan años esperando que se reconozca jurídica y prácticamente su esfuerzo.

En 2001, las inversiones de las corporaciones locales (7.349 millones de euros) superaron largamente a las de la Administración central (5.766 millones). Es un esfuerzo ingente y un ejemplo de eficiencia en la gestión, porque el gasto total de las corporaciones sólo representa el 13% del total.

El reproche de Aznar a los municipios socialistas de que gastan en exceso sólo es descifrable desde la mala fe o la ignorancia de quien lo lanza. Desoye el mandato constitucional de la suficiencia financiera e ignora la realidad del gasto extramunicipal. Y peor aún, el Gobierno pasa de las desafortunadas palabras a los hechos. Suprimir el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para el 90% de los contribuyentes es una medida positiva, sobre todo para muchos trabajadores autónomos y pequeños empresarios. Pero eliminar el 20% de los ingresos locales, sin precisar a la vez cómo compensar esta merma en la financiación, es una forma de asfixia de las administraciones locales, que sólo se explica por los más miopes motivos electorales.