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El Congreso tramita la ley que suprime el IAE sin precisar cómo compensará a los municipios

La nueva Ley de Haciendas Locales suprime la obligación de resarcir a los ayuntamientos

Luis R. Aizpeolea

El Gobierno se quedó ayer prácticamente sólo -Coalición Canaria votó a su favor- en la tramitación de la Ley de Haciendas Locales, que regula una nueva financiación de los municipios, suprime el pago del impuesto de actividades económicas (IAE) para el 92% de los contribuyentes y elimina la obligación legal de establecer mecanismos de compensación a los ayuntamientos. Siete grupos presentaron enmiendas a la totalidad -CiU y PNV se abstuvieron- por la ausencia de garantías del Gobierno para resarcir a los municipios, que se arriesgan a perder el 20% de los ingresos que recaudan por impuestos.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no precisó la cifra con la que compensará a los municipios por la supresión del IAE, que permitirá un ahorro medio de 460 euros a 2,1 millones de contribuyentes. El PSOE, que apoya la supresión del impuesto, estima que los ayuntamientos perderán 1.200 millones de euros y exige una compensación por parte de la Administración central.

La disposición adicional tercera de la Ley de Hacienda Locales suprime la obligación gubernamental, recogida en la ley vigente, de 1988, de compensar a los ayuntamientos por las modificaciones fiscales que impliquen una reducción de sus ingresos.

La supresión de esta obligación, que ha sido enmendada por el PSOE, forzó a Montoro en la presentación de la ley, el 8 de octubre, a adquirir un compromiso político; esto es, que el Gobierno compensará a los ayuntamientos a través de los Presupuestos por la reducción de ingresos fiscales derivada de la supresión del IAE.

El portavoz del PSOE, Álvaro Cuesta, interpeló ayer reiteradamente a Montoro en el Congreso sobre el alcance de la cifra con la que el Gobierno está dispuesto a compensar a los municipios. El ministro se negó a facilitar información, con el argumento de que está pendiente de negociarla cantidad con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Cuesta recordó que hay una mayoría de la FEMP, formada por los alcaldes socialistas y de otros partidos, en contra del nuevo modelo de financiación que defiende el PP, y exigió a Montoro que precise la cifra antes de negociar.

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Pérdida de ingresos

El portavoz socialista calculó las pérdidas por la supresión del IAE en base a los ingresos municipales por este impuesto, que en 1999, último año liquidado, ascendió a 1.800 millones de euros. A esta cifra hay que restarle 600 millones, un tercio, correspondiente a los ingresos que los municipios mantendrán por la franja del 8% de contribuyentes -las grandes empre-sas- que seguirán cotizando.

Tanto el representante del PSOE como los de IU, CiU, PNV y Grupo Mixto acusaron a Montoro de ocultar, tras la opacidad de las cifras, la pretensión del Gobierno de que los ayuntamientos tengan que buscar recursos por la vía de la subida de impuestos. 'El Gobierno invita a champán y quiere que paguen los ayuntamientos', sostuvo Cuesta. Hubo también un reproche generalizado de los grupos al procedimiento seguido por el Gobierno, que no negoció su proyecto con los partidos y que a la FEMP sólo le dio tres días de plazo para examinarlo.

Cuesta ofreció a Montoro una salida negociada a la situación, que el ministro rechazó, consistente en suprimir el IAE y ganar un año para pactar el resto de la ley.

La nueva Ley de Haciendas Locales propone, además de la supresión del IAE, una reforma del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que ofrece a los municipios la potestad de establecer el tipo de gravamen de las viviendas en una banda idéntica a la actualmente en vigor -entre el 0,4% y el 1,1%- y les faculta para aumentar hasta el 1,65% el tipo de gravamen a las viviendas que estén desocupadas (una subida del 50% sobre la tarifa para pisos ocupados). Las empresas de telefonía móvil cotizarán en función del número de abonados que tengan en cada municipio.

Finalmente, los ayuntamientos con más de 100.000 habitantes y las capitales de provincia se financiarán con participaciones en el IRPF (1,6%), IVA (1,8%) e impuestos especiales (2,04%).

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