Las diputaciones asumirán el control de los 600 millones del plan de inversiones

La vicelehendakari y los tres diputados generales se reunirán hoy o mañana para cerrar las líneas maestras del Plan Marco de Apoyo Financiero a la Inversión Pública. Este plan interinstitucional que se ideó en julio durante la negociación de la Ley de Aportaciones, permitirá que se inviertan 600 millones de euros en carreteras y obras hidráulicas entre los años 2003 y 2007. Sin embargo, al elaborar las bases del plan han surgido algunas discrepancias por ver qué institución controlaba esa bolsa de dinero.

El Gobierno vasco quiso gestionarlo para surtir de fondos a cada territorio según fueran necesitándolo. Sin embargo, las diputaciones han exigido controlarlo directamente, ya que se trata de satisfacer competencias forales.

En el fondo de ese tira y afloja está un aspecto más de imagen que de operatividad. En realidad, no se espera que haya problemas en financiar las inversiones que se pacten. La fórmula ya está preestablecida. El Gobierno vasco aportará el 70,44% de los 600 millones para el quinquenio y las diputaciones se repartirán, según sus coeficientes horizontales, el restante 29,56%. De esa porción, a Vizcaya le corresponde -según las cifras de este año- el 50,20%, a Guipúzcoa el 33,21% y a Álava el 16,59%. La cuestión está más en decidir quién aparece como promotor de las obras, liderando cada proyecto: o bien el Gobierno vasco o cada diputación en su territorio. Y, de paso, quién corta la cinta inaugural de las carreteras y obras hidráulicas construidas. En las negociaciones previas a la reunión de esta semana se ha conseguido llegar a un principio de acuerdo, por el que las diputaciones manejarán la mayor parte de los fondos, siempre en función de que ellas son las que poseen las competencias afectadas.

Así, todo lo concerniente a carreteras estará en manos de los gobiernos forales, mientras que en la financiación destinada a obras hidráulicas existiría un reparto en el control entre el Ejecutivo autónomo y cada provincia. Esta competencia, según la Ley de Territorios Históricos, debería pertenecer a las diputaciones, pero el Gobierno vasco todavía no la ha transferido. En estos momentos, tanto unos como otros se encargan de ejecutar obras relacionadas con la gestión del agua.

El plan de inversiones estará supervisado por el consejo rector, compuesto por la vicelehendakari, y los tres diputados generales, que deberán tomar las decisiones por consenso.

En el encuentro de principios de esta semana en Vitoria se espera que cada diputación proponga a qué inversiones concretas se destinan los fondos del año 2003. El Gobierno también se reserva la posibilidad de presentar sus propias iniciativas. En principio, proyectos como la autopista Eibar-Vitoria (A-1) o algunos regadíos en Álava tendrán unas partidas importantes.

El plan surgió a iniciativa de la vicelehendakari, presionada por el diputado general de Álava, Ramón Rabanera, que exigió una rebaja del 8% en la aportación que realizan las diputaciones al Gobierno vasco. De cada diez euros que ingresan las haciendas forales, siete se entregan al Ejecutivo autónomo. La demanda de Rabanera, del PP, no fue atendida por ninguno de los otros miembros del Consejo Vasco de Finanzas, todos ellos nacionalistas. Sin embargo, a modo de compensación, se aplicó este plan, que beneficia a las diputaciones, pero no a los ayuntamientos.