La reforma agrícola corre el riesgo de quedar aparcada

La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que propuso en julio pasado el comisario europeo Franz Fischler está en el aire. En los mismos servicios de Fischler no se descarta que ésta tenga que ser, por lo menos, pospuesta, que es justamente lo que pide Francia y lo que aplaude España. Sin embargo, el acuerdo franco-alemán de ayer anuncia recortes presupuestarios que van a afectar a España a partir de 2006.

La Comisión Europea propuso empezar a recortar ya en 2004 las ayudas directas al campo (28.000 millones de euros anuales) a un ritmo del 3% anual hasta alcanzar el 20%. Todo ese dinero se desviaría a desarrollo rural. Pero con el acuerdo alcanzado entre Jacques Chirac y Gerhard Schröder los Quince no se podrán repartir la PAC (43.646 millones de euros anuales) como hasta ahora.

Si el presupuesto queda 'estabilizado' a partir de 2006 tendrá que haber un trasvase de dinero hacia los países candidatos desde esa fecha. Alemania había propuesto a Francia recortar las ayudas agrícolas progresivamente en un 2% hasta alcanzar el 20% y que parte de ese dinero se destinara a financiar la agricultura de los 10 nuevos países de la UE. 'Quizá finalmente se tenga que resolver por una vía intermedia', explica una fuente de la Comisión Europea. 'Hallar una fórmula entre el 3% de Fischler y el 2% de Schröder, que parte de los recortes de las ayudas directas vayan a desarrollo rural y parte a los países entrantes'.

Pérdidas para España

España es, después de Francia, el país más beneficiado de la Unión Europea por el presupuesto agrícola. Sólo en ayudas directas recibió en 2001 unos 4.300 millones de euros. Cualquier recorte en tales cantidades, especialmente si no se recuperan a través del desarrollo rural, es una pérdida importante que se empieza a vislumbrar como inevitable a partir de 2006.

Para la Comisión Europea, el aplazamiento de la reforma no sería una catástrofe. Lo importante, dice el portavoz de Agricultura, Gregor Kreuzhuber, es mantener la filosofía de la reforma: que los subsidios no primen la producción, sino otros parámetros (ambientales, seguridad alimentaria y bienestar animal) para poder negociar en la OMC sin ser acusados de proteccionismo.

El acuerdo franco-alemán de tocar otras partidas presupuestarias también afectaría a España, máximo beneficiario de los fondos estructurales. A España se le adjudicó para el sexenio 2000-2006 una media de 7.300 millones de euros anuales. Tras la ampliación de Europa sólo Galicia, Extremadura y Andalucía seguirían siendo Objetivo 1 (renta per cápita menor del 75% de la media comunitaria) y destino, por tanto, de dichos fondos.