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El Gobierno catalán compró hace seis meses la planicie de Castell por una cifra millonaria

Las entidades de Salvem Castell califican la operación de 'una estafa a la ciudadanía'

La compra por parte del Gobierno catalán de unas 46 hectáreas próximas a la playa de Castell, en Palamós (Baix Empordà), por una cifra millonaria cuya cuantía no han querido concretar ni el Departamento de Medio Ambiente ni el de Economía y Finanzas, ha abierto una polémica por el presunto trato de favor otorgado a la inmobiliaria Camo S. A., que en el registro figura a nombre de Arturo Suqué y su esposa, Carmen Mateu, propietarios de Casinos de Catalunya. Los partidos y grupos ecologistas que en su día lograron que la zona no fuera urbanizable han calificado la compra de 'estafa a la ciudadanaía' ya que consideran que para proteger el paraje no era en absoluto necesario comprarlo.

IC Verds, la plataforma Salvem l'Empordà y la entidad Salvem Castell, que han luchado por la protección del paraje, consideran inexplicable que la compra se haya mantenido en secreto durante seis meses y que ayer todavía no se hubiera hecho público el montante del dinero público invertido en la operación, que podría rondar los 18 millones de euros. El Gobierno tampoco ha inscrito la finca en el Registro de Palamós, donde debería figurar la cuantía de la operación.

Los críticos con la compra, que se llevó a cabo durante el mes de marzo, consideran 'inexplicable' que la Generalitat adquiera el territorio con la intención de protegerlo cuando una sentencia del Tribunal Superior de Justicia impide cualquier construcción en estos terrenos después de que una consulta popular convocada por el Ayuntamiento se decantara por no urbanizar la zona. Joan Boada, de IC Verds, calificó de 'errática' la política de compra de fincas del Gobierno catalán y aseguró que lo primero que se mira es si el propietario es 'una persona próxima a la órbita convergente'.

En el registro Mercantil figura como presidenta de la Inmobiliaria Camo S. A. Carmen Mateu Quintana y como vicepresidente su marido, Artur Suqué, influyentes empresarios a su vez propietarios de Casinos de Catalunya. Una fuente próxima a Suqué declinó ayer en nombre del matrimonio hacer cualquier manifestación sobre la venta.

Evitar suspicacias

Rafael Bonillo, portavoz de Salvem Castell, considera que el precio que supuestamente ha pagado la Generalitat por los terrenos es 'una aberración'. Bonillo añadió: 'Creemos que es una estafa a la ciudadanía'. Salvem Castell mantiene que el 90% de los terrenos que forman parte del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) están en manos privadas y no es necesario adquirirlos para asegurar su protección.

El alcalde convergente de Palamós, Jordi Pallí, conocía la operación desde hace meses y cree que debería haberse hecho pública para evitar suspicacias. Pallí no quiso entrar en el precio de los terrenos. Aseguró que la compra constituye una alegría para el municipio y culmina una de las demandas proteccionistas más simbólicas. Para el alcalde, la titularidad pública de los terrenos es la única que ofrece una garantía total. Admitiendo que la urbanización era actualmente imposible, alertó que en años venideros se hubiera podido plantear una recalificación urbanística.

Pere Maluquer, director general de Bosques y Biodiversidad, ignora la fecha en que se acordó la compra, cuánto se ha pagado por los terrenos y los motivos por los que no se hizo pública la operación. Aclara, sin embargo, que nadie debe dudar de la intención de la Generalitat, que no es otra, según él, que buscar la protección y la gestión más efectiva. Maluquer confía en que a finales de año pueda presentarse el plan especial de protección de Castell-Cap Roig, en el que se incluyen también las 30 hectáreas del paraje de Castell, adquiridos por la Generalitat en 1999 por 2.400 millones de pesetas, también con cierta polémica.

Fuentes de la Generalitat apuntaron la posibilidad de que la compra fuera un compromiso del anterior titular de Medio Ambiente, Felip Puig, de ahí que el nuevo consejero, Ramon Espadaler, no quisiera cargar con las críticas que acarrearía hacer pública la noticia.

La compra ha causado sorpresa en otros colectivos ecologistas. Quim Rutllan, de Salvem Pinya de Rosa, recordó que hace poco Artur Mas dijo que el Gobierno no tenía un cheque en blanco para comprar todo lo que había que proteger. 'Puesto que se ha vuelto a abrir el talonario, pedimos la compra de Pinya de Rosa', dijo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de octubre de 2002