La Comisión Europea abre una investigación para acabar con el paraíso fiscal de Gibraltar

La Comisión Europea está dispuesta a poner fin al paraíso fiscal de Gibraltar. El Ejecutivo comunitario abrirá hoy un procedimiento de investigación contra el Reino Unido por ese motivo, lo que supondrá un tercer aviso en ese terreno, aunque esta vez más contundente. Para Bruselas, las enormes ayudas fiscales que reciben las 29.000 sociedades y empresas radicadas en el Peñón son incompatibles con el régimen europeo de ayudas de Estado. Según datos oficiales manejados por el Gobierno español, Gibraltar es el quinto inversor en Rusia, sólo por detrás de Estados Unidos, Chipre, Alemania y Holanda, y por encima de España o Italia.

La primera investigación sobre Gibraltar ya la inició la Comisión el 11 de julio de 2001, cuando también cuestionó sistemas fiscales ventajosos en Alemania, Francia, Irlanda, Luxemburgo o Bélgica. En el caso de Gibraltar, Bruselas denunciaba los dos regímenes fiscales todavía hoy vigentes en el Peñón, según los cuales muchas firmas estaban exentas de pagar el impuesto de sociedades (el 30% sobre beneficios en Reino Unido o del 35% en España) y otras se limitaban a pagar una mínima tasa de unos 400 euros al año.

Ante ese primer aldabonazo, las autoridades gibraltareñas presentaron a Londres una reforma fiscal y el Reino Unido la hizo llegar a Bruselas. De acuerdo con esa reforma, la mayoría de las sociedades instaladas en Gibraltar pagarán impuestos en función del número de empleados que tengan (apenas tienen empleados, porque casi todas ellas simplemente están inscritas, pero no tienen actividad real) y no de los beneficios que logren. Es más, estarán exentas en el caso de que no tengan beneficios, algo aplicable a un elevadísimo porcentaje de sociedades allí radicadas.

En caso de tener que pagar impuestos, la reforma prevé que la cantidad máxima sea equivalente al 15% de los beneficios, y en ningún caso podrá superarse la cantidad de 750.000 euros.

Para el comisario de la Competencia, el italiano Mario Monti, el proyecto presentado por Gibraltar contiene fórmulas que difícilmente pueden ser compatibles con el derecho comunitario. De hecho, fuentes de su departamento sostienen que la reforma fiscal va en contra del artículo 87 del Tratado: 'Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa , serán incompatibles con el mercado común las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones'.

A partir de ahora, el Reino Unido tendrá que presentar sus observaciones o alegaciones, pero también podrán hacerlo otras instituciones o gobiernos que, como el español, pueden sostener que están siendo perjudicados por el paraíso fiscal de Gibraltar.

En efecto, y según datos que maneja el Gobierno español, las enormes inversiones procedentes de Gibraltar en Rusia ponen de relieve uno de los aspectos más oscuros del contencioso. Siempre según esas informaciones, en Rusia se lavan al año un total de 11.000 millones de euros, de los que una cuarta parte procede de Gibraltar. Muchos de esos fondos, añaden las mismas fuentes, tienen su origen en grandes magnates conectados a la mafia rusa que viven en la Costa del Sol.

Fuentes de la Comisión señalaron ayer que las ayudas de Estado que reciben las empresas y sociedades en Gibraltar, en forma de bajísimos o inexistentes impuestos, 'distorsionan gravemente' el mercado único europeo porque esas empresas compiten 'con unas ventajas abusivas' sobre las demás. A esos efectos, explicaron, Gibraltar es un territorio como cualquier otro de la UE y debe aplicar un régimen fiscal similar al resto.

Una vez analizadas todas las observaciones que puedan presentarse, la Comisión emitirá un informe con las alternativas fiscales que, en su opinión, deben figurar en la reforma fiscal gibraltareña. Si el expediente siguiera hasta sus últimas consecuencias, Bruselas podría ordenar que las sociedades instaladas en El Peñón devuelvan todo el dinero que se han ahorrado en estos años y que debían haber entregado como impuestos a las autoridades gibraltareñas.

Al lanzar Monti en julio de 2001 su campaña contra ese tipo de regímenes fiscales afirmó que su iniciativa 'no supone en modo alguno una interferencia con las competencias de los Estados en asuntos fiscales'. 'La Comisión, como guardiana de las normas de la Competencia', agregó, 'debe controlar las ayudas estatales en cualquiera de sus formas: subvenciones, garantías, regímenes fiscales favorables, etc.'.