La 'isla amable' se rebela

Un viejo eslogan publicitario recordaba que Tenerife era una 'isla amable'. Pero la polémica sobre la ubicación de un centro de retención de inmigrantes en su capital, Santa Cruz, comienza a interpretarse en el resto de las islas como una muestra de insolidaridad con Fuerteventura, donde, hasta el 22 de septiembre, se concentraban 1.008 sin papeles en la antigua terminal del aeropuerto y el reformado cuartel Valenzuela de El Matorral, a pocos metros de las instalaciones de AENA.

La ubicación del centro en Tenerife ha desatado una batalla de excesos verbales en la que han participado todos los partidos. Quien más ha sufrido las consecuencias es el PP de José Manuel Soria, de cuyas siglas se han dado de baja dos de sus tres consejeros en el Cabildo de Tenerife, Benicio Alonso y Eduardo Pintado, por desoír a su líder y votar a favor de la declaración institucional que rechazaba el uso de la antigua prisión.

El Ayuntamiento opta por situar el centro en terrenos de un cuartel con 8.000 militares

El también alcalde de Las Palmas se enfrentó hace meses a toda la estructura del Ministerio del Interior porque se liberaban inmigrantes tras cumplir en Fuerteventura los 40 días de retención y pese a que a Gran Canaria no llegan pateras. Ahora, solucionado su problema, apela a la solidaridad entre los canarios para exigir el uso de la cárcel como centro de retención de inmigrantes. Y ha llegado a advertir que no permitirá que Fuerteventura se convierta en Alcatraz por culpa de quienes bloquean este asunto.

'Esta ceremonia de la confusión sólo la ha generado Soria', asegura el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), quien insiste: 'Jamás nos hemos opuesto a un centro de inmigrantes en la isla, sino a que éste sea en el corazón de la capital'. Para demostrar que este rechazo no tiene tintes xenófobos, Bermúdez muestra el acuerdo para acoger menores inmigrantes no acompañados, de los que Tenerife asumirá el 31,5% del total de Canarias.

Las fuertes tensiones entre el Ejecutivo de Canarias y el anterior delegado del Gobierno para la Extranjería e Inmigración, Enrique Fernández Miranda, propiciaron que a principios de este año el presidente canario, Román Rodríguez, cerrase con el entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, un acuerdo entre ambas administraciones, ya esbozado en el Plan Greco.

En virtud del mismo, quedaría establecida una cuota máxima de 1.500 inmigrantes para Canarias, distribuidos en seis centros, cuatro de retención en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife (con capacidad para 250 personas) y otros dos de acogida en Gran Canaria y Tenerife (para 250 personas cada uno). El acuerdo comenzaría a cumplirse desde que las instalaciones estuvieran preparadas, a fin de año. En los mismos términos se pronunciaron el Parlamento de Canarias y el Congreso.

Interior aprobó el acondicionamiento de la nave en el aeropuerto de Fuerteventura y reformó el cuartel Valenzuela, frente a la terminal, hasta cerrar con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario la cesión de terrenos para construir un centro de retención definitivo. Para Tenerife, los planes de Fernández Miranda preveían repetir una operación que había funcionado bien en Gran Canaria, donde se acondicionó la antigua prisión provincial del barrio de San Juan (en Las Palmas) para convertirse en el actual centro de Barranco Seco.

Pero el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), y los tres grupos políticos del Cabildo Insular de Tenerife (CC, PP y PSC) rechazaron el nuevo uso de la cárcel Tenerife I, porque, al contrario que la grancanaria, ésta se encuentra en el mismo centro geográfico de Santa Cruz, rodeada de 44.442 habitantes, 5.202 plazas escolares, un comedor de Cáritas y un albergue municipal. Por tanto, un barrio necesitado de instalaciones socioculturales.

El 3 de junio, el Cabildo de Tenerife rechazó, por vez primera, el uso que pretende Interior para la cárcel. Para ello también esgrimió un derecho de reversión reconocido el 9 de marzo de 1988 por la Dirección General de Patrimonio del Estado, por el que el Cabildo pasa a ser el titular de la instalación en cuanto se abandone su uso penitenciario.

A pesar de que desde marzo Fernández Miranda ya apuntaba a Tenerife I como posible centro para los sin papeles, no fue hasta el 24 de septiembre que su sucesor, Ignacio González, se reunió por primera vez con las autoridades de Tenerife para estudiar y tomar decisiones, con la intermediación del consejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marcial Morales (CC). Ante la insistencia en usar la cárcel tinerfeña, el presidente insular, Ricardo Melchior (CC), solicitó 10 días para presentar posibles alternativas.

El lunes 30 las ofreció. Eran nueve fincas o construcciones elegidas entre los 50 millones de metros cuadrados de titularidad estatal en la isla, todas con características comunes: lejos de núcleos de más de 3.000 metros cuadrados, buenas conexiones por carretera, cerca de puertos y aeropuertos e inversión mínima necesaria para rehabilitación o construcción. Para este centro Ignacio González ha previsto una inversión de 3 millones de euros.

De las nueve opciones, el Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias optan por unos terrenos en la parcela de Defensa en Hoya Fría (al sur de la capital). Son 1.065.710 metros cuadrados, de los que el acuartelamiento, con 8.000 soldados, es una pequeña parte. El centro se construiría en terrenos 'fuera del área de influencia militar, que no afectan a la operatividad de la base', según José Manuel Bermúdez, vicepresidente insular (CC).