Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El PSOE propone crear una agencia que asuma todas las competencias en inmigración

Los socialistas defienden que las empresas puedan hacer ofertas nominativas a extranjeros

El PSOE hará llegar en los próximos días al Gobierno y a los agentes sociales un documento en el que establece los principios básicos de su política de inmigración. El texto, que ha sido elaborado por la secretaría de Políticas Sociales y Migratorias, que dirige Consuelo Rumí, propone la creación de una Agencia Española de Migraciones. Este organismo, que en principio podría depender del Ministerio de la Presidencia, asumiría todas las competencias en la materia, actualmente dispersas entre los departamentos de Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Asuntos Exteriores y Sanidad.

El documento, titulado Un modelo de contingente adecuado a las necesidades de España, señala que hay 1.300.000 residentes legales extranjeros y que éste 'podría encontrarse en una etapa de estabilización de la demanda de trabajadores'.

En este sentido, recuerda que las últimas estadísticas conocidas hablan de 100.000 trabajadores no nacionales inscritos en el Inem como demandantes de empleo y que las 2.000 solicitudes de contratación de extranjeros a través del contingente de este año no suponen ni el 20% de las pocas plazas previstas.

Por éstos y otros motivos que enumera, el PSOE considera que el contingente de 2003 debería basarse en 10 directrices, que suponen un adelanto de la política de inmigración socialista.

El primer punto se refiere a la creación de la mencionada Agencia Española de Migraciones, que 'se encargará, entre otras responsabilidades, del diseño y gestión de las políticas de admisión de trabajadores extranjeros, de la concesión de permisos de residencia no lucrativa y de la expedición de la tarjeta de residentes comunitarios en todo el territorio del Estado'.

También asumirá 'la coordinación de las políticas de integración social y otras políticas sectoriales (sanidad, vivienda, educación, etcétera), que corresponden a las administraciones territoriales y que se ven afectadas por las políticas migratorias de la Administración General del Estado'.

Según el documento, el nuevo organismo 'aglutinará competencias actualmente dispersas en distintos departamentos con el fin de racionalizar el procedimiento y simplificar su gestión'.

Otras propuestas relevantes del texto son las siguientes:

- Evaluación del cupo. 'La Agencia Nacional de Migraciones coordinará el proceso de evaluación y realizará la última propuesta al Gobierno, que acompañará una memoria justificativa a su decisión final'.

- Contingente cero. 'Establecer un umbral de contrataciones por debajo del cual se determine como innecesario aprobar un contingente anual, dado que su puesta en marcha genera expectativas y costes que sólo son asumibles si la cifra de contrataciones es significativa. Cuando no sea aprobado contingente, las solicitudes de contratación de trabajadores extranjeros se tramitarán a través del régimen general'. El Gobierno cerró el régimen general en enero.

- Contingente nacional. 'A través de la Agencia Española de Migraciones, una empresa radicada en cualquier lugar de nuestro territorio podrá realizar ofertas de contratación a extranjeros'. Hasta ahora sólo podía hacerlo a través de las patronales.

- Contratación en origen. 'Se considerará la situación nacional de empleo antes de contratar a un ciudadano de un tercer país. Las ofertas se orientarán a quienes no se hallen en nuestro país'.

- Canalización de flujos. 'Los procesos de contingentación deben orientarse en función de criterios de reparto equitativo entre los países con los que España haya firmado acuerdos de inmigración'. En la actualidad, este equilibrio no se produce.

- Ofertas nominativas. 'Se establecerán supuestos concretos en los que sea posible realizar ofertas nominativas a través del procedimiento de contratación del contingente [lo que es imposible en este momento]. El régimen general es adecuado para satisfacer las necesidades de trabajo si no se aprueba el contingente. Cuando se apruebe, ello no debe implicar la derogación del régimen general. Ninguno de los procedimientos se utilizará como medio encubierto de regularización'.

- Celeridad. 'Compromiso por parte de la Administración de dar una respuesta al empleador en el plazo máximo de tres meses desde el registro de su oferta'. La mayoría de las respuestas se demoran más de seis meses.

- Transparencia. 'Los servicios públicos de empleo de las distintas administraciones deben tener acceso a toda la información relevante y actualizada en relación con los demandantes de empleo residentes y con las ofertas no cubiertas'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de octubre de 2002