Los inspectores de Trabajo cuestionan el plan de Zaplana contra la siniestralidad laboral

Los inspectores de Trabajo no aguantan más. La Asociación Profesional de Inspectores de Trabajo, que representa a la mayoría (80%) de los 700 funcionarios de plantilla, ha decidido denunciar la 'nula voluntad' del Gobierno para hacer frente a la falta de medios de este cuerpo, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La queja, contenida en un documento aprobado el 3 de octubre y dado a conocer el pasado viernes, cuestiona el plan de choque contra la siniestralidad que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presenta hoy a sindicatos y patronal.

'Que no se lleve a engaño a los agentes sociales y a los ciudadanos con un plan que maquilla la realidad', advierte la asociación. La escasez de recursos y efectivos de la Inspección de Trabajo es una de las quejas recurrentes de los sindicatos cuando abordan la cuestión de la siniestralidad laboral, una de las lacras del sistema productivo. Según las estadísticas comunitarias, España acumula una quinta parte de las muertes por accidentes de trabajo que se registran en la UE: en 2001 fallecieron 1.030 personas. No obstante, desde la Administración se destacó en su momento que las estadísticas nacionales incluyen las muertes durante el desplazamiento al lugar de trabajo, lo que no se contabiliza en la mayoría de los países europeos.

En el primer semestre de este año, la cuenta no dejó de crecer: hasta junio murieron 574 trabajadores, un 10% más que en el mismo periodo de 2001. Una situación que llevó a sindicatos y oposición a criticar este verano la política del Gobierno. Hace un mes, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, reaccionó y anunció para hoy una reunión de la mesa sobre siniestralidad, en la que se sientan el Ejecutivo, sindicatos y patronal. El foro llevaba más de un año sin convocarse.

Plan de choque

Zaplana adelantó que presentaría un plan de choque que, entre otras cosas, reforzaría el control del cumplimiento de las medidas de prevención, una de las funciones asignadas a la Inspección de Trabajo. La asociación profesional vio en el anuncio del ministro una oportunidad para poner encima de la mesa sus reivindicaciones. Pero tras un primer contacto en septiembre, no ha habido más respuesta.

'Edificios ruinosos, Inspecciones Provinciales repartidas en varios inmuebles, falta de programas informáticos, de líneas telefónicas y de personal administrativo de apoyo...'. La junta de gobierno de la asociación profesional decidió hace una semana poner por escrito 'las deficiencias de inversión pública' que les obliga, en ocasiones, a 'sufragar gastos de su bolsillo'. Un documento que hacen público ante la falta de respuesta del Ministerio y que deja en evidencia la escasez de la plantilla: apenas 700 funcionarios, según las cuentas de la asociación, cuando el volumen de accidentes laborales ronda el millón, y sólo una parte del cuerpo 'patea la calle' en palabras de un inspector.

Sin medios

'Lo que no sabe la sociedad española es que los medios de los que disponen son más propios de una Inspección del siglo pasado. Falta una organización adecuada, es deficiente la planificación del trabajo, escasa la informatización e insuficientes los medios humanos, materiales y de información', insiste el escrito. La asociación profesional mantiene que el Ministerio había llegado a un 'compromiso de solución', pero que aquello sólo se tradujo en 'una nueva figura vacía de contenidos y medios'.

A cambio de ese 'compromiso de solución', la asociación asegura que los inspectores 'con la misma retribución de hace años', han incrementado el número de visitas a empresas. Los funcionarios también reprochan un sistema de retribución 'con claros visos de ilegalidad', al condicionar un tercio de los ingresos al número de sanciones propuestas.

'No se hacen cargo ni del seguro de accidentes de nuestros coches, que ponemos 24 horas al servicio de la Inspección', lamenta uno de los funcionarios. Un panorama de 'desánimo y desmotivación' que, según la asociación, contrasta con la 'potenciación de organismos como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria'.