El Gobierno abre vías de diálogo con los jornaleros pero sin más cambios del 'decretazo'

El Gobierno abrirá vías de diálogo con los jornaleros, pero no introducirá nuevos cambios en el decretazo, que prevé la desaparición paulatina del subsidio agrario. La negociación se inicia hoy con una reunión entre el PP de Andalucía y Extremadura y las centrales sindicales. El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y los sindicatos CC OO y UGT se dieron ayer 'unas semanas' de margen para buscar soluciones y evitar nuevos conflictos. Los sindicatos señalaron que, si no hay soluciones, 'la pelea está servida', aunque tras la reunión de ayer se advierten signos de flexibilidad por ambas partes.

La reunión de urgencia solicitada el jueves por las federaciones agroalimentarias de CC OO y UGT al titular de Trabajo fue atendida ayer mismo por el ministro Zaplana. En este encuentro, las centrales mostraron su malestar por la excepción que se ha hecho con los jornaleros en los cambios introducidos en el decretazo. Con esas modificaciones el Gobierno atendió la semana pasada siete de las ocho peticiones presentadas por los sindicatos.

La inquietud que ha provocado esa decisión del Ejecutivo hizo que ayer se sumaran a la reunión los líderes de CC OO y UGT, José María Fidalgo y Cándido Méndez, y los responsables de ambos sindicatos en Andalucía y Extremadura, junto a los de las federaciones agroalimentarias. Todos ellos plantearon a Zaplana que, mantener en los mismos términos el decretazo para los jornaleros, supone 'que a un colectivo tan desprotegido en pensiones y cobertura social, se les retira el pequeño paraguas de protección', por la desaparición paulatina del subsidio agrario. Los sindicatos reconocieron la semana pasada 'los importantes avances' en las modificaciones del decretazo, pero exigieron que se extendieran al subsidio agrario. En caso contrario, advirtieron, el conflicto que motivó la huelga del 20-J seguiría abierto. Las vías de diálogo comprometidas ayer podrían permitir una postura más flexible.

La reforma del desempleo, tal como está planteada, prevé que no haya nuevas incorporaciones a la protección del subsidio agrario, por la que los jornaleros que reúnen en el año 35 peonadas reciben un subsidio de 330 euros durante seis meses. Esa cobertura alcanza ahora a 230.000 trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura, pero ya no se permitirán nuevos accesos.

El decretazo crea paralelamenta la prestación contributiva destinada al conjunto de los trabajadores del campo por cuenta ajena, en total 800.000 personas en toda España. Tendrán derecho a tres meses de prestación por cada año trabajado, mientras que en el régimen general la cobertura es de cuatro meses por un año de cotización. Unas condiciones que, a juicio de los sindicatos, son discriminatorias para los jornaleros. Las centrales creen que se trata de un colectivo 'doblemente perjudicado' y ahora esperan soluciones. Las partes se han dado 'unas pocas semanas' de plazo. Los sindicatos advierten de que si no 'la pelea está servida', aunque esperan que haya flexibilidad.

Las centrales hacen tres propuestas: que no se cierre la puerta a nuevos accesos al subsidio, que la nueva prestación contributiva no sea discriminatoria respecto al régimen general y que se aclare la circular en la que se comunica a los jornaleros que se les dará de baja si en los seis meses anteriores no han realizado peonadas. Según UGT y CC OO, 'en el mismo decretazo están las vías de solución'.

Circular polémica

La citada circular se aclarará con otra de inmediato. Sin embargo, el Ejecutivo no está dispuesto a introducir nuevos cambios en el decretazo. 'La reforma del desempleo se va a tramitar en el Parlamento en los términos que fijamos la pasada semana', aseguró Zaplana. A pesar de ello, en su desarrollo puede haber margen de maniobra. Zaplana apuntó está salida: 'El artículo 4.3 de la norma faculta al Gobierno para que, a la vista del funcionamiento del mercado agrario, pueda modular la protección a los trabajadores del sector'. Es ahí donde encuentra una vía de diálogo, y ayer aseguró que en la mesa de pensiones y protección social se pueden debatir soluciones.

Un problema que existe es que UGT no participa en esa mesa porque no firmó el acuerdo de abril de 2001, suscrito por el Gobierno, CC OO y CEOE. Zaplana se aventuró ayer a afirmar que 'no hay que cerrar esa posibilidad' de que la central ugetista se sume a esa negociación y expresó su deseo de que así ocurra.

Tanto si se elige ese foro u otro es previsible que la discusión se centre en las condiciones de la nueva prestación contributiva. La segunda vía de diálogo es la que está previsto que abran hoy los responsables del PP de Andalucía y Extremadura con los sindicatos de esas comunidades para estudiar planes de empleo alternativo y formación para las zonas rurales.