El asilo de las ideas

El hermano de Estela Aguirre huyó de Colombia cuando la guerrilla le reclamó 'para la causa' a uno de sus hijos. 'Quieren muchachitos de hasta 16 años porque los pueden engañar', aclara Estela Aguirre. Ella no tardó en pisar los talones de su hermano, después de que el cerco de amenazas se estrechase sobre la familia a partir del mes de agosto de 2001, cuando la guerrilla les dio cinco días para abandonar su finca en la provincia de Risaralda.

Las tierras, que ocupan unas 750 hectáreas donde antes coexistían café, plátano y zonas selváticas, están ahora en manos del frente 47 de las FAR. Cuando Estela pidió ayuda a la policía colombiana, la respuesta fue desoladora: 'Si el presidente se sienta a conversar con la guerrilla y tiene que hacer lo que le dicen, ¿qué puede hacer una señora corriente?'. El mando policial agregó, por si sobrevivía alguna duda: 'No voy a mandar a 30 agentes a que me los embosquen'.

La tramitación burocrática es lenta, y en ocasiones supera los 12 meses

Así que la finca que cultivaron durante generaciones los Aguirre pertenece ahora a los guerrilleros. Y la familia -después del asesinato de tres integrantes- está esparcida por Gran Bretaña y España.

Hace 10 meses que Estela Aguirre, acompañada de sus dos hijos y su yerno, pidió asilo político en España. Desde entonces vive en el Centro de Acogida de Refugiados (CAR) de Sevilla, mientras espera una respuesta a su solicitud y trata de reacomodar su vida como puede. 'No sé qué voy hacer, porque una no puede acceder al trabajo si no es en una casa y la remuneración es muy mala', lamenta. La incertidumbre laboral acecha a los demandantes de asilo casi sin distinción, fuere cual fuere su formación original. En su búsqueda de empleo cuentan con el padrinazgo del propio CAR que, en sustancia, es 'lo que nos diferencia de un hotel', aclara la directora del CAR, María Fuencisla Rodríguez Martín.

En el centro de Sevilla, que tiene capacidad para 120 plazas, residen en la actualidad medio centenar de extranjeros, que están pendientes de que la Administración española decida si les otorga la condición de refugiados.

La tramitación burocrática es lenta -se examinan los casos individualmente para comprobar si el solicitante es víctima de una persecución por razones ideológicas, religiosas o étnicas que justifiquen el asilo- y, en ocasiones, supera los 12 meses, el tiempo máximo que los solicitantes pueden permanecer en el centro público, salvo excepciones.

Dejar el centro de refugiados sin medios para sobrevivir atemoriza a los residentes, que se ven obligados a olvidar su historial profesional para optar a empleos poco cualificados pero accesibles. Ni siquiera con esa disposición es fácil hallar algo. 'Con sólo abrir la boca, te cierran la puerta, da igual tu preparación', explica una colombiana que abandonó el país con sus cinco hijos después de que un grupo de paramilitares asesinase a su marido, un prestigioso científico.

A pesar de su formación, aceptó un trabajo como limpiadora en una residencia de ancianos: 'Lo hacía con mucho amor porque todo trabajo es digno'. No le hicieron contrato y tampoco le concedieron vacaciones: 'El jefe me decía que yo no tenía derecho a nada'. Enfermó tres días, avisó, el jefe la tranquilizó. Cuando se reincorporó ya la habían sustituido. 'Hay días que una se cansa de pensar y llorar', concluye.