El retorno de los archivos a Cataluña

Los abajo firmantes, catedráticos y profesores universitarios de 25 universidades del Estado español (de fuera del Principado de Cataluña), conocedores de que, con motivo de la proclamación de Salamanca Ciudad Europea de la Cultura 2002, el consorcio organizador de esta efeméride ha programado la exposición Propaganda en guerra y, debido al origen de los fondos documentales -y cómo fueron conseguidos- que piensan utilizar para dicha exposición, nos vemos en la necesidad de manifestar lo siguiente:

Debido al hecho de que el Estado español ratificó (9 de junio de 1960) el Convenio Internacional de La Haya sobre Protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (14 de mayo de 1954), que defiende la inmunidad de los bienes y el deber de su salvaguarda frente a cualquier tipo de requisamiento o apropiación, ya sean conflictos internacionales o no; y ya que el Consejo Internacional de Archivos, adscrito a la Unesco, se ha manifestado repetidamente por lo que se refiere al derecho de los legítimos propietarios a exigir la restitución de la documentación objeto de expolio o sustracción por motivo de conflicto bélico (Resolución 46/10 de la Asamblea General de la ONU, 1991), creemos que el Gobierno español debiera cumplir sin más dilaciones el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno español (15 marzo del 1995) que decide el retorno de los fondos expoliados por Franco a las instituciones catalanas del periodo de la República, pudiendo éstos ser copiados o microfilmados para el Archivo de Salamanca.

Igualmente pedimos que se suspendan y retiren de la programación de los actos que se celebrarán en Salamanca 2002, la exposición Propaganda en guerra si ésta no se realiza con el debido permiso y colaboración de la Generalitat de Catalunya y las instituciones, entidades y particulares afectados por los saqueos franquistas de 1939.

Creemos que estos pasos son necesarios para recomponer la hermandad entre pueblos y el más básico sentido de la justicia, siendo especialmente apremiante porque desde la restitución de la democracia, los representantes electos de los catalanes y el mismo Parlamento de Cataluña (por unanimidad en la Resolución de 18 de mayo de 1989) no han cejado en su determinación de ver restituidos los documentos sustraídos.-