El 'rectificazo'

Manuel Fraga acuñó una frase lapidaria para zaherir a los gobiernos de Felipe González: 'Los socialistas sólo aciertan cuando rectifican'. El Ministerio de Trabajo hizo ayer buena la frase del fundador del PP al introducir 'cambios sustanciales' en el Decreto de Medidas Urgentes para la Reforma del Sistema de Protección por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, conocido vulgarmente como decretazo. Esos cambios son tan sustanciales que en la práctica implican una vuelta a la situación anterior a la publicación de la reforma. Tras la reunión de ayer del ministro Zaplana con los representantes de UGT y CC OO, el salario de tramitación y la correspondiente tutela judicial quedan restituidos; los fijos discontinuos mantendrán los derechos anteriores previos al decretazo, y la consideración de oferta adecuada que impondrá el Instituto Nacional de Empleo (Inem) al desempleado sufre tantos cambios -entre otros, la aplicación de 100 días de periodo de carencia durante el cual el Inem no presentará ofertas al desempleado y la suavización de las condiciones de transporte, contrato y calidad en la propuesta- que prácticamente también retorna a las condiciones predecretazo. El Gobierno sólo mantiene sus tesis restrictivas en el seguro del desempleo agrario.

No hay manera más directa de decirlo: el Gobierno se ha rendido con armas y bagajes a la presión sindical, y es una rendición beneficiosa para la sociedad. Es una rendición calculada, por supuesto, favorecida por consideraciones electorales y la percepción de que una gran parte de los ciudadanos no entendía ni aprobaba los recortes a los derechos de los trabajadores que han cotizado escrupulosamente durante su vida laboral, cuya duración no deciden. El decreto del Gobierno se entendió además por la mayoría social como un agravio innecesario e inmerecido a los asalariados, tanto más ofensivo cuanto que éstos, con una moderación salarial intensa y continuada, han sido los sostenedores -junto con el abaratamiento del coste del dinero- de la etapa de prosperidad que ha vivido España entre 1995 y 2000.

Las 24 enmiendas en las que el Gobierno se retracta implican además el reconocimiento explícito de que la huelga general del 20 de junio no fue el fracaso que anunció -incluso con antelación, a través del entonces ministro portavoz, Pío Cabanillas-, sino una protesta que consiguió grados muy razonables de participación. En realidad, es casi obligado dar la razón a los sindicatos cuando aseguran que el Gobierno ha intentado salir con mucho cuidado del embrollo del decretazo, pero sólo lo ha conseguido a medias. La insistencia en limitar el seguro de desempleo ha llevado al Gobierno en pleno a un fracaso político considerable y le ha costado a la sociedad el trauma de una huelga general. Por no mencionar la frustración de los empresarios, que deben estar preguntándose hoy qué credibilidad merece un Gobierno que suprime un día el salario de tramitación para recuperarlo meses después. ¿Dónde quedan hoy los ejercicios gratuitos de firmeza verbal y las declaraciones de urgente necesidad de la reforma que prodigaron casi todos los ministros del Gabinete de Aznar, empezando por los del equipo económico? ¿Se acordará hoy el presidente del Gobierno de su desdichada afirmación de que los españoles no tenían por qué pagar a quienes no quisieran trabajar?

La marcha atrás permite iniciar un nuevo periodo de relaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales que recupere la buena sintonía de la primera legislatura del PP. Parece que Aznar y Rato han querido ofrecer a Eduardo Zaplana la oportunidad de rectificar una equivocación que por razones de imagen nunca hubiera podido corregir su antecesor, caído tras la huelga general. El Gobierno haría bien en olvidarse del seguro de desempleo y centrarse en la bajísima productividad del factor trabajo en España. Si quiere mejorar la situación del mercado laboral, debería empezar por aumentar el capital tecnológico de los trabajadores. Por lo menos, tendrá bien aprendida la lección de que, en materia laboral, los sindicatos se han ganado el derecho a ser consultados y que la mejor reforma es la que se pacta.